A todos nos sorprendió la conferencia de prensa del Ministerio Público (MP) el pasado 8 de diciembre. Se presentó los resultados de una investigación dividida en tres fases: Fase I “Caso Corrupción en Movimiento Semilla”, Fase II “Caso Corrupción Semilla” y Fase III “Ilegalidades cometidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el Proceso Electoral 2023”.
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En la Fase I se detalló la falsificación de varias firmas en el partido político Movimiento Semilla. Se presentaron pruebas de la adhesión ilegal de ciudadanos al partido y la omisión de deberes por parte del TSE. De hecho, luego de presentar una serie de hallazgos, documentando que una tercera parte de sus afiliados es falsa, para lo que concluyen que dicho partido nunca nació a la vida jurídica, por no haber alcanzado la cifra mínima de afiliación -incertidumbre total-.
En la Fase II se presentaron hallazgos relacionados con el financiamiento electoral no registrado y el lavado de dinero, destacando la necesidad de rastrear el origen de ciertas transacciones financieras no reportadas, siempre relacionado con el partido Movimiento Semilla. Según el MP, la organización política no presentó los informes detallados de ingresos y egresos que deben presentar los secretarios según la Ley Electoral. Se señala que se recibieron donaciones sin reportar y otros temas relacionados con los recursos financieros, incluyendo un caso de lavado de dinero.
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En la Fase III, el MP abordó el tema de las elecciones aduciendo varias irregularidades en el resguardo de cajas electorales por parte del TSE, la falta de transparencia y la omisión en la publicación de acuerdos, procedimientos que no cumplieron en su totalidad con ley como formatos, sellos, transmisión de datos antes del cierre de las elecciones, instrucciones a las juntas electorales que no obedecen a la ley y otros; adicional, la compra dudosa del sistema transmisión de datos.
En cada fase se presentaron solicitudes de retiro de antejuicio y órdenes de aprehensión contra diversas personas. El desafío acá es que para el primer caso se presentó solicitud del retiro de antejuicio en contra de los electos presidente y diputado, Bernardo Arévalo de León y Samuel Pérez Álvarez, actualmente parlamentarios -por la posible comisión de una serie de delitos-. Para el segundo caso se solicitó retirar la inmunidad a Samuel Pérez y a Ligia Hernández por dos delitos. Lo más simbólico de todo ello es la solicitud del retiro de antejuicio en contra del presidente electo, Bernardo Arévalo, por la posible comisión del delito de lavado de dinero u otros activos.
Esto pone al país de nuevo en una situación sumamente delicada. Varios argumentan que las investigaciones y hallazgos encontrados al Movimiento Semilla posiblemente se dan en la mayoría de los partidos, pero, en esta oportunidad, este es el investigado. Otros acusan que los corruptos que están en el poder no desean el cambio y, por lo tanto, rebuscan delitos y atacan al partido como al binomio electo. Por el momento, se deberá seguir el debido proceso y será el Organismo Judicial el que tome la decisión de retirar el antejuicio ante la solicitud del MP. Lo complicado es que estamos a pocos días de la toma de posesión, lo que genera mucha tensión.
Respecto a la Fase III, relacionado con el señalamiento de las ilegalidades cometidas por el TSE durante el proceso de elecciones de 2023. Es importante tomar nota de los hallazgos tanto de forma como de fondo. De una Fiscalía era de esperar una óptica distinta al manejo de un evento electoral operado por ciudadanos comunes, donde los errores naturales son aceptados dentro de parámetros distintos y contrario a ser sopesados bajo rigorismos formales y solemnes propios del proceso penal. Sin embargo, las apreciaciones del MP son muy importantes y definitivamente a futuro deben tomarse en cuenta. De todo ello, lo más alentador es que los resultados de las elecciones tanto para la primera como para la segunda vuelta no varían y se reconoció el trabajo del voluntariado de las juntas electorales.
El proceso electoral en Guatemala, considerado el más fiscalizado en décadas, ha recibido amplio respaldo con la mayoría coincidiendo en la validez de los resultados. Cabe destacar que, ante el amparo presentado el 1 de julio de 2023 por nueve partidos políticos ante la Corte de Constitucionalidad contra el TSE después de las Elecciones del 25 de junio por preocupaciones sobre posible fraude e irregularidades, se llevó a cabo un minucioso cotejo de todas las actas de las cinco elecciones (más de 122 mil). Esta verificación la realizaron las Juntas Electorales Departamentales (JED) y los fiscales designados por distintos partidos políticos en cada departamento. El resultado fue aceptado y firmado por todos los participantes, consolidando la transparencia y legitimidad de los resultados electorales.
Ya que las JED concluyeron con el procedimiento de las audiencias de revisión de escrutinios y la integración de las actas número ocho (8), donde constan la totalización de los resultados, el TSE emitió el Acuerdo número 1328-2023, con fecha 12 de julio, por medio del que declaró la validez de las elecciones realizadas el 25 de junio. Además, oficializó que los candidatos a la presidencia y vicepresidencia postulados por las organizaciones políticas de la UNE y Semilla serían los binomios por participar en la segunda vuelta. El 20 de agosto se celebraron las elecciones con normalidad, y los guatemaltecos votaron en su mayoría por el binomio de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, quienes luego fueron oficializados por el TSE.
Actualmente, todas las acreditaciones a elección de cargos para corporaciones municipales, diputaciones (Congreso de la República y Parlacen) y binomio presidencial fueron otorgadas por el TSE y el proceso de elecciones concluyó el 31 de octubre de 2023.
Las investigaciones del MP preocupan, temas que posiblemente los abogados podrán abordar más profundamente, pero no dejan de tener un componente inquietante. Muchos organismos internacionales e instituciones locales se han pronunciado y la incertidumbre está afectando demasiado a la población y al país. Esperamos el debido proceso y que pronto tengamos la certeza de que el 14 de enero tomarán posesión el binomio presidencial electo y los diputados, y el 15 de enero los miembros de las corporaciones municipales. ¿Qué opina de los hallazgos del MP? ¿Cómo lograremos certeza jurídica? ¿Cree que se está anticipando un golpe de Estado?