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El expresidente, Otto Pérez Molina, y la ex mandataria, Roxana Baldetti, así como otras 16 personas más, son señalados de haber participado en un negocio que conllevó un soborno de 30 millones de dólares para firmar un contrato entre el Estado y la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
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En la presentación del caso, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron que de los 30 millones de dólares, al menos 24.5 millones le corresponderían a Pérez Molina, a Baldetti, y a otras personas que facilitaron el contrato.
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De los 30 millones de dólares, 5 millones correspondían a negociadores argentinos y 500 mil para gastos, entre los que se incluye un supuesto pago a sindicalistas de la Portuaria Quetzal.
El expresidente y la ex vicepresidenta recibieron 4 millones 200 mil dólares, cada uno, según la fiscalía, mientras que el resto de la estructura obtuvo 3 millones 600 mil.
Un primer desembolso fue por 10 millones de dólares en el segundo semestre de 2013, el segundo pago fue de dos millones de dólares efectuado en los primeros meses de 2014, la entrega restante era de 12 millones 500 mil dólares en dos pagos más entre abril y octubre de 2015.
La CICIG indicó que al parecer el tercer pago no se concretó.
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Los investigadores obtuvieron el detalle de los cuadros de pago por la declaración del exsecretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, quien colabora con la fiscalía en este caso.
En resumen, del total de los 24.5 millones, el 60 por ciento era para el expresidente y la ex vicemandataria y el 40 restante para Monzón, Allan Herbert Marroquín, Julio Rolando Sandoval y William Schwank, sostiene el MP y la CICIG.
Este miércoles se lleva la audiencia de primera declaración por el caso.
