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El amparo provisional que otorgó la Corte de Constitucionalidad para el cierre de operaciones de la minera denominada Progreso VII Derivada y conocida como La Puya, hizo que el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) se pronunciara en contra al fallo, señalando que afecta la certeza jurídica para los inversionistas.
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José González Campo, representante de la cúpula empresarial, indicó que las decisiones judiciales pueden tener terribles consecuencias, pues las empresas han cumplido con los trámites estatales y pidió que se respeten las garantías de primero orden.
“Valoramos el diálogo y reconocemos el proceso de consulta que dispone el Convenio 169 de la OIT, sin embargo, rechazamos que se pretenda convertir la consulta en un evento eleccionario de aprobación de los proyectos”, agregó González Campo.
Asimismo, solicitaron al Ejecutivo reglamentar dicho convenio en forma funcionar en el menor tiempo y con las recomendaciones para que se logre el desarrollo en las comunidades, y evitar que se malinterprete y cause conflictividad social.
