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El interventor de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), Alex Aizenstatd, anunció que, luego de acercamientos con los accionistas de la empresa APM, dueña de TCQ, ha surgido la posibilidad de la anulación voluntaria del contrato, como parte de la ruta jurídica para sanear la concesión.
Añadió que se tendría realizar un nuevo contrato, el cual debe ser aprobado por el Congreso. Además, de que la empresa se comprometa a dar una reparación civil por US$43.2 millones al Estado.
“Lo que necesitamos es una respuesta a más tardar este viernes, para que le preguntemos al juez si se inicia el proceso de anulación”, expuso.
Añadió que TCQ tiene deudas por más de US$126 millones y que no tiene ingresos. “El capital de la compañía es de US$50 millones, pero requiere de más inversión“, expuso.
La investigación del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala logró en abril la desarticulación de la estructura que montó el evento para la concesión y donde capturaron 10 personas y vincularon al exmandatario Pérez y a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, y al español Juan José Suárez Messeguer, representante de TCQ.
