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“Medidas con argumento” Análisis de Manfredo Marroquín Las acciones son correctas, considero que el Estado tiene todos los argumentos para solicitar esas peticiones como la judicial y la extinción de dominio, pues se sospecha que la empresa fue adquirida por medios ilícitos, por lo que está desempeñando su papel correctamente para defender los intereses estatales.
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“El mensaje que quiero enviar es que mi función es conservar y poner a operar la empresa”, Alexander Aizenstatd, interventor para TCQ
El abogado Alexander Aizenstatd será el encargado de controlar de las operaciones de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Aunque la Procuraduría General de la Nación solicitó formalmente la anulación del usufructo de TCQ, l a fiscal general del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, confirmó el embargo, la intervención y el secuestro de los bienes de la empresa.
La jefa del ente investigador indicó que la solicitud ante el Juzgado de Extinción de Dominio es como medida cautelar para resguardar los muebles, inmuebles, títulos, acciones, valores o cualquier derecho real y ganancias, pues se sospecha que fueron adquiridos por actividades ilícitas.
Aizenstatd explicó que entre las primeras acciones como interventor será el nombramiento de un auditor y la visita de las oficinas durante el fin de semana.
“El mensaje que quiero enviarle a la población es que mi función principal será conservar, administrar y ponerla a operar con integridad y eficiencia la Terminal de Contenedores Quetzal, y no para liquidar la empresa”, agregó el nuevo interventor.
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El presidente Jimmy Morales respaldó las decisiones tomadas por la fiscal general, ya que son acciones trascendentales para combatir la corrupción.
A la vez, reafirmó que en su gobierno no se tolerará ni permitirá la corrupción, pues nadie debe estar al margen o por encima de la ley.
Morales reconoció la designación del abogado a cargo de la intervención, porque tiene un pasado digno que le garantiza a la población una administración correcta.
“La presidencia está al servicio del país y luchará siempre por defender los intereses del Estado. Lo presentado es el resultado del trabajo que han hecho las instancias encargadas de dar esperanza y garantizar los derechos de la Nación”, resaltó el gobernante.
Desde que el expresidente Otto Pérez anunciara el usufructo entre la Empresa Portuaria Quetzal con la compañía española, diputados y sectores de la sociedad civil rechazaron la negociación por la falta de transparencia en el proceso, por lo que se presentaron denuncias penales.
La investigación del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala logró en abril la desarticulación de la estructura que montó el evento para la concesión y donde capturaron 10 personas y vincularon al exmandatario Pérez y a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, y al español Juan José Suárez Messeguer, representante de TCQ.
Mientras está pendiente la detención de seis ejecutivos de la compañía, a quienes se les giró orden de captura internacional.
