El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) mostraron indicios de que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Douglas Charchal, era parte de la estructura que durante el gobierno del Partido Patriota (PP) se organizó para saquear al Estado.
PUBLICIDAD
En la audiencia de primera declaración ante el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, la Fiscalía acusó a Charchal de tráfico de influencias y asociación ilícita.
“Hizo un uso abusivo de su influencia, autoridad, preponderancia o predominio que le prodigaba su alta investidura como magistrado de la Corte Suprema de Justicia”, indicaron la Fiscal General, Thelma Aldana y el jefe de la CICIG, Iván Velásquez.
Las investigaciones del caso La Línea, donde se recabó información de dispositivos móviles, señalado Juan Carlos Monzón, dan cuenta la relación de éste con Charchal. También, incluir a Luis Mendizábal, prófugo de la justicia, y Salvador Estuardo González.
Conversaciones tipo chat
Son las pruebas que presenta la Fiscalía de la participación de Charchal en la estructura que pretendía “establecer un esquema de blindaje judicial y administrativo, cooptando a entidades y servidores públicos para contener o hacer frente a cualquier demanda o acción que se emprendiera en contra sus espurios e ilícitos intereses”.
En esas conversaciones Charchal se identificaba como “Andrés García” y Monzón como “JC Monzón”, se detalló.
El caso específico contra el magistrado de la CSJ es que, según el MP, se apoyó en el operador Mario Ruano San José para lograr una resolución favorable para la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) en el juzgado de Escuintla, a petición de Juan Carlos Monzón.
PUBLICIDAD
La Fiscal General indicó que la Subsecretaria General del Ministerio Público, Ana Elena Guzmán, ha colaborado con declaraciones en el caso TCQ.
