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Antes de que los señalados tuvieran la oportunidad de defenderse, el Juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, tuvo que escuchar algunas situaciones.
La primera fue la queja de Emilia Ayuso, exdirectora del Registro de Información Catastral (RIC), quien habló del altercado que tuvo con una guardia del Organismo Judicial a su ingreso a la Torre de Tribunales.
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Después se conoció que el cambio de abogado defensor del exministro de Cultura y Deportes, Dwigth Pezzarossi.
En otro momento algunos defensores externaron su malestar al conocer el traslado de sus patrocinados de la cárcel en la brigada militar Mariscal Zavala al cuartel Matamoros.
“Es una mentira asquerosa” dijo el contador Mario Contreras mientras exponía al juez los servicios prestados a las empresas de Juan Carlos Monzón, entre ellos, legalizarlas.
Mientras él exponía, Julio Barrios, otro de los sindicados, salió de la sala para ser evaluado por un médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Contreras negó ser el contador de Baldetti o de Pérez Molina, sino mas bien era un “auditor externo con servicios específicos”. Asimismo, relató que su tarea en las empresas era “ordenar la casa” financieramente.
El contador le contó al juez que desde abril del 2015 ha estado con constante comunicación con el Ministerio Público (MP).
Por sus servicios para Salvador González, alias “Eco”, en una empresa se pactó el pago de Q28 mil mensuales, recordó el contador.
También le confiaron hacer una auditoría de aspectos fiscales para el Partido Patriota (PP). En su argumentación mencionó que el 7 de octubre de 2015 recibió amenazas de muerte.
