La titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), María Eugenia Villagrán, indicó en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas que es “preocupante” el hecho de que se haya reunido el presidente, Jimmy Morales, con representantes de los nuevos propietarios de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) sin la presencia del “abogado del Estado”.
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“Es preocupante porque cuando una persona tiene una abogado y este está a cargo del caso, si va a haber algún tipo de reunión tiene que estar presente ese abogado”, comentó.
El diputado de Encuentro por Guatemala, Luis Pedro Álvarez, también entrevistado en el programa, consideró que fue una reunión “políticamente equivocada” porque no estuvo presente Villagrán.
Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, opinó que el presidente Morales tiene la responsabilidad de nombrar al frente de la PGN a una persona con credibilidad y que dé confianza a la población.
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Poca comunicación
“Espero que el nuevo tenga una mayor participación” dijo Villagrán al relatar cómo fue su relación con el presidente, Jimmy Morales.
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“No hubo mucha relación, más que por los canales oficiales a través de la Secretaría General” relató la aún titular de la PGN, cuya renuncia será efectiva a partir del 31 de mayo de este año.
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Amenazas fueron por medio de asesores
Las amenazas en su contra fueron recibidas a través de sus asesores y no de manera directa, expuso Villagrán.
En cuanto a las medidas de seguridad, aseguró haberlas solicitado ante el Ministerio de Gobernación desde el 22 de abril, pero fue hasta ayer a las 10 de la noche que llegaron algunos agentes.
El presidente Morales la llamó para constatar la protección y le envió una camioneta blindada con agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), aseguró la procuradora.
Villagrán reiteró que no puede precisar de dónde provienen las amenazas pero recordó que con el trámite de nulidad en el caso TCQ se han visto afectadas instituciones bancarias, afianzadoras, así como empresarios y exfuncionarios.
También mencionó el trabajo hecho en casos como el de La Línea, Redes y las denuncias contra quienes han suscrito pactos colectivos con irregularidades, así como la interpuesta contra quienes integraron el gabinete de gobierno de Otto Pérez Molina por el caso TCQ.
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