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En el marco del juicio por el supuesto fichaje fraudulento de Neymar por el Barcelona en 2013, la fiscalía en España ha solicitado dos años de cárcel y una multa de 10 millones de euros para el astro brasileño, por un delito de “corrupción en los negocios”.
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Asimismo, la fiscalía pide hasta cinco años de cárcel para el expresidente azulgrana, Sandro Rosell, por estafa y corrupción, pero pide archivar la causa contra Josep Maria Bartomeu, su sucesor al frente del club, argumentando que su participación en la negociación en su etapa como vicepresidente no ha sido probada.
Por su parte, el grupo brasileño DIS, antiguo poseedor de los derechos del jugador, ha solicitado hasta cinco años de prisión para el futbolista, para sus padres, para Rosell y para Bartomeu, por delitos de “corrupción entre particulares en concurso con estafa“.
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En conferencia de prensa, el abogado Eliseo M. Martínez informó que DIS pide “que Neymar y Bartomeu sean condenados por los delitos de estafa y corrupción, por un lado a penas de cárcel (…) y por otro lado, a ser inhabilitados para que el Sr. Bartomeu no pueda seguir siendo presidente del Barcelona ni Neymar Jr. juegue profesionalmente en la Unión Europea” durante el tiempo de su condena.
También pidió otros tres años por “estafa” para los dos dirigentes barcelonistas y para Odilio Rodrigues Filho, expresidente del Santos, club de procedencia de Neymar, además de varias multas millonarias.
La presentación de las acusaciones se produce luego de que un juez de instrucción de la capital española reabriera el caso sobre el fichaje de Neymar, de 24 años, que había decidido archivar, pero una instancia superior ordenó reconsiderar.
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En un primer momento, el Barcelona cifró oficialmente el traspaso de Neymar en 57.1 millones de euros (40 millones para la familia de Neymar y 17.1 para el Santos brasileño), pero la justicia española calcula que elfichaje se cerró en al menos 83.3 millones de euros.
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DIS, que percibió apenas 6.8 millones de euros de los 17.1 ingresados al Santos, estima que Neymar y el Barcelona se aliaron para ocultar el monto real del traspaso, vulnerando las reglas del libre mercado.
