Los problemas fiscales de Cristiano Ronaldo parecen ser otro motivo para que se marche a Italia, pero ahí corre el riesgo de que le embarguen su salario y su ficha. Esto sucederá si ficha por la Juventus.
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Así lo dejó ver exdirector de la Agencia Tributaria de España, Ignacio Ruiz, quien en el programa "Espejo Público" de "Antena 3", contestó a la pregunta de ¿qué pasará con la deuda que tiene el crack con la Hacienda española, si se va a Italia?
Si Cristiano “se va a Italia con un pacto con la Fiscalía y la Agencia Tributaria no habrá ningún problema, pero en el caso de que no sea así tendrá que ir a juicio y si la jueza de Pozuelo de Alarcón le condena, Hacienda le podrá exigir a Cristiano Ronaldo el pago de su deuda fiscal. En el caso de que el jugador se marche a Italia, el embargo se llevaría a cabo por parte de la Hacienda Pública italiana ya que existe un convenio de España con Italia en materia de recaudación. Le embargarían el salario y la ficha. Desde luego, la forma de pago está garantizada en esta hipotética situación”, dijo el experto.
Ruiz también dijo que si CR7 ficha por la Juventus “se podrá beneficiar del sistema tributario italiano, que es favorable a los deportistas de élite. Pagará menos impuestos que en España, pero eso no afecta a su actual litigio con la Agencia Tributaria. Parece claro que lo que le puede llevar a Cristiano a cambiar de club y de país es la dureza del sistema tributario en España. Si se fuese a China, a los españoles nos costaría mucho cobrar la deuda de este jugador”, agregó.
Sin embargo, hizo énfasis en que “aunque Cristiano se marche a otro país, sus bienes en España se pueden embargar y venderse en una subasta pública”.
“Por lo que he podido leer, lo de Cristiano Ronaldo no solo es una pelea con el club de querer cobrar más, sino que, al parecer, ha pretendido que el Real Madrid se hiciese cargo de la deuda que le reclama Hacienda”, continuó Ruiz.
Cristiano Ronaldo podrá saldar su deuda antes de dejar al Real Madrid. Según el acuerdo que alcanzó con la Fiscalía, aceptó cuatro de los delitos y el pago de 18.8 millones de euros y una pena de dos años de cárcel, que no implica su ingreso a prisión.
