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Las entidades que tienen a su cargo la designación de los magistrados de la CC, entre estas el Ejecutivo, iniciaron hace unos días el proceso de selección y de revisión del perfil de los aspirantes.
Ante esto, agrupaciones de la sociedad civil le han pedido al mandatario Jimmy Morales que el proceso sea apegado a las leyes.
“Demandamos un proceso participativo, público y que sea transparente. Que haga una convocatoria pública, que no elija en secreto, que no elija sujetos influenciables o débiles ante las presiones, ni corruptos, y que designe a personas cuya capacidad, idoneidad y honorabilidad sean comprobables”, es la postura de agrupaciones como Movimiento ProJustica, la Fundación Myrna Mack y Madres Angustiadas.
Por medio de un boletín de prensa, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) fijó su postura. “Debe ser consecuente y atender todas las demandas ciudadanas, para promover una elección que contribuya a recobrar la confianza sobre las actuaciones de la Corte de Constitucionalidad”, según la PDH.
Al ser consultado sobre cómo va el proceso, Morales aseguró que actuará apegado a las reglas. “Vamos a hacer lo que dice la ley. Si las cosas se hacen como las normativas lo mandan, eso es transparencia ¿o no?”, aseguró.
Ante los cuestionamientos de por qué no hace pública la revisión de perfiles aseguró que “tampoco es una garantía de transparencia”. “Lo que hay que hacer es cumplir la ley y, cuando esto se hace, estamos apegados en lo correcto y en lo que la jurisprudencia establece”, aseveró.
