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Con el argumento de que existe “inconstitucionalidad” en lo planteado, el Presidente de la República, Jimmy Morales, en Consejo de Ministros, rechazó, por medio de veto, el Decreto 13-2016 donde se aprobaron penas de dos a tres años de cárcel contra funcionarios que no asistan a las citaciones o invitaciones que hagan bloques legislativos o comisiones de trabajo del Congreso de la República.
El veto, contenido en el Acuerdo Gubernativo 49-2016, publicado este miércoles en el Diario Oficial, se argumenta que las reformas que hizo el Congreso al Código Penal atentan contra algunos artículos de la Constitución Política de la República.
“Hay un malentendido entre ambos organismos”, fue la reacción del presidente del Congreso, Mario Taracena, al preguntar su opinión acerca del veto al decreto.
Uno de los artículos citado es el 17 que indica: “no hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración”.
En la argumentación, el Organismo Ejecutivo también cita algunas sentencias de la Corte de Constitucionalidad.
En el veto también se explica que no se ve la necesidad de haber creado el decreto para aumentar ciertas penas por esas faltas ya hay vigentes según lo estipulado en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
