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97 diputados avalaron la ley en 2014; sin embargo, por haber sido aprobada de urgencia nacional debió tener 105 votos a favor.
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División Algunos de los artículos que generaron molestias entre las compañías están: • Multas. La Superintendencia de Telecomunicaciones estaba autorizada a imponer multas entre Q300 mil y Q500 mil al mes a las empresas de telefonía por atraso en el funcionamiento de equipos que bloquearan la señal en las cárceles.• Autorización. No obstante, otorgaba el derecho a personas, compañías o contratistas a instalar antenas y equipos o construcción necesaria en propiedades privadas o bienes públicos, incluidos bienes nacionales de uso público.
“Aprobación de la ley fue irregular” Análisis de Mario Fuentes Destarac, abogado La resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) es totalmente positiva, porque le enmienda la plana al Congreso, que no siguió el debido proceso legislativo para aprobar una ley, razón principal por la que se impugnó, independientemente a qué empresa benefició. La validez formal de una norma depende del Legislativo, cuando esta es avalada de conformidad con lo que establece la Constitución. Sin embargo, en la Ley de Telecomunicaciones se observaron severos vicios. La ley quedará sin vigencia, la cual no será inapelable, cuando la sentencia sea publicada en el diario oficial por la Corte.
La Corte de Constitucionalidad derogó la Ley de Telecomunicaciones debido a que no fue aprobada con 105 votos.
La resolución del máximo tribunal elimina la obligación que las empresas de telefonía bloqueen la señal de celulares en las prisiones, por lo que el presidente Jimmy Morales afirmó que buscarán otras medidas para evitar las extorsiones desde las cárceles.
Además de la cancelación de la normativa, las compañías no podrán instalar antenas y equipos en bienes públicos, por lo que se les restablece la autonomía a las municipalidades.
“Tendremos que apelar a la razón y a la instancia de la Corte de Constitucionalidad. Nuestro trabajo será encontrar una solución al tema de las comunicaciones dentro de las prisiones, partiendo de que se asume que de allí salen muchos de los casos de extorsiones. Es un tema de seguridad al que debemos encontrarle la solución”, agregó.
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La Gremial de Telecomunicaciones se pronunció a favor de la decisión por la Corte, ya que la directora ejecutiva de dicha entidad, Betty Marroquín, explicó que era una respuesta que se esperaba, porque la ley fue aprobada sin respetarse el proceso legislativo.
“Se plantearon alrededor de 15 impugnaciones, ya que la normativa no fue consultada con las partes involucradas, y se violó el artículo 134 de la Constitución”, agregó Marroquín.
La ejecutiva mencionó que las empresas registradas en la gremial han cumplido con la colocación de equipos para bloquear la señal, a petición del gobierno, los cuales por razones ajenas a dichas compañías no han funcionado.
Telefónica aplaudió la resolución del máximo tribunal, pues argumentó que la ley carecía de un debate legal y técnico entre las partes implicadas, aunque lamentó que hayan pasado dos años desde su aprobación para que se anulara la ley.
“Es un fallo que respetamos y acatamos. Aunque no estamos de acuerdo con la Corte, reconocemos que es la instancia que interpreta en forma definitiva la consonancia de las leyes ordinarias con la Constitución Política”, mencionó el director de Asuntos Corporativos de Tigo, Manuel Sisniega.
El directivo de dicha compañía mencionó que la Ley de Telecomunicaciones contaba con disposiciones positivas como hace previsibles y homogéneas decisiones municipales para autorizar las instalaciones de torres y tendido de cable en propiedad pública.
Sisniega consideró que la derogación pone en riesgo el regreso de la discrecionalidad en las municipalidades sobre el establecimiento de tasas y pagos para la autorización de equipos.
“Consideramos que los operadores debemos participar en la solución del problema del uso indebido de las telecomunicaciones en los centros penales, con ley o sin ella, pero la norma contenía muchas falencias”, expuso Litza Escobar, de relaciones institucionales de Claro.
Por último, el fiscal contra el crimen organizado, Rony López, lamentó la decisión, ya que se había avanzado en la disminución de las extorsiones desde las cárceles.
“La revocatoria nos obliga a analizar exhaustivamente nuestros métodos de investigación”, destacó López.
