El expresiente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti son los líderes de una estructura que facilitó la firma de un contrato con una empresa para que opere en la Portuaria Quetzal, hecho por el que se pagaría una comisión de 24.5 millones de dólares a los dos altos funcionarios, reveló este viernes el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
“Otto Pérez Molina utilizó la calidad de su cargo como Presidente de la República para facilitar un negocio por el cual obtendría un beneficio financiero directo, en detrimento de los intereses de la Nación”, dijo el jefe de la CICIG, Iván Velásquez.
“Intervino de manera decisiva en la entrega de los terrenos a TCQ, promovió reuniones con la banca privada internacional y nacional en las que participó directamente, para demostrar que el proyecto contaba con respaldo gubernamental y lograr de esa forma que la empresa contratista obtuviera los recursos necesarios para financiar la operación”.
En la evidencia presentada por la fiscalía consta un documento entregado por Juan Carlos Monzón, quien colabora con el MP.
En el mismo se detalla que se tenían que pagar 24.5 millones a Pérez Molina y a Baldetti, así como a sus colaboradores.
El caso En el caso de Pérez Molina y Baldetti son señalados por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, fraude y lavado de dinero u otros activos. Los sindicados son: Mario Ruano San José, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Juan José Suárez Messeguer, asociación ilícita, fraude y cohecho activo. Allan Herbert Marroquín Castillo, asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude. Julio Rolando Sandoval Cano, asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude. José Daniel Luna Argueta, cohecho pasivo. Mauricio José Garín, asociación ilícita, lavado de dinero y otros activos. Gustavo Adolfo Martínez Luna, asociación ilícita, cohecho pasivo, fraude. Lázaro Noe Reyes Matta, enriquecimiento ilícito. Jonathan Harry Chevez, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos. Julio César Zamora Álvarez, enriquecimiento ilícito. Ángel Pérez-Maura García, asociación ilícita, fraude y cohecho activo. William Anthony Schwank López, asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude. Julio Nolberto Esquivel Orellana, enriquecimiento ilícito. Guillermo Abraham Lozano Bauer, asociación ilícita. Antejuicio contra Douglas René Charchal Ramos, tráfico de influencias.
El primer pago fue de 10 millones de dólares, en el segundo semestre de 2013. Un segundo pago fue de 2 millones, en los primeros meses de 2014.
El último pago, de12.5 millones de dólares, era en pagos, entre abril y octubre de 2015, pero no se tiene precisión de si fue hecho, indicaron.
La investigación del MP y de la CICIG también incluye al magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Douglas René Charchal Ramos, quien fue contactado por Monzón para que ayudara en una resolución a favor de la empresa TCQ, con quien el Estado firmó un contrato para la ampliación de la terminal marítima en la Portuaria Quetzal.
El “favor” que Monzón habría pedido a Charchal fue su intervención para que un juzgado de Escuintla los favoreciera para no pagar una licencia de construcción por Q24 millones, que pedía el alcalde de Puerto de San José, Jorge Rizzo.
La empresa TCQ interpuso un amparo contra el alcalde, y tras las supuestas gestiones e Charchal, fue favorecida. Por esa acción se ha presentado una solicitud de antejuicio contra el magistrado.
El MP indica que todo inició cuando Pérez Molina designó a Guillermo Lozano para organizar la estructura. Lozano fue su piloto aviador durante la campaña presidencial del Partido Patriota (PP).
Lozano contactó a Allan Marroquín Castillo para ser nombrado interventor y luego a Julio Sandoval como subinterventor.
El grupo contactó a empresarios de TCB para crear un proyecto que terminó con la firma del contrato entre el Estado y la nueva empresa TCQ. La corrupción conllevó el pago a sindicalistas, quienes habrían recibido por lo menos 500 mil dólares, expuso la fiscalía.