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Ayer, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron que el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti eran los líderes de una estructura que facilitó la firma de un contrato con una empresa para que opere en la Portuaria Quetzal.
Hecho por el que se pagaría una comisión de 24.5 millones de dólares a los dos altos funcionarios.
Además de ellos, hay otros implicados y son señalados por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, fraude y lavado de dinero u otros activos.
Mario Ruano San José, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Juan José Suárez Messeguer, asociación ilícita, fraude y cohecho activo.
Allan Herbert Marroquín Castillo, asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
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Julio Rolando Sandoval Cano, asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
José Daniel Luna Argueta, cohecho pasivo.
Mauricio José Garín, asociación ilícita, lavado de dinero y otros activos.
Gustavo Adolfo Martínez Luna, asociación ilícita, cohecho pasivo, fraude.
Lázaro Noe Reyes Matta, enriquecimiento ilícito.
Jonathan Harry Chevez, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
Julio César Zamora Álvarez, enriquecimiento ilícito.
Ángel Pérez-Maura García, asociación ilícita, fraude y cohecho activo.
William Anthony Schwank López, asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
Julio Nolberto Esquivel Orellana, enriquecimiento ilícito.
Guillermo Abraham Lozano Bauer, asociación ilícita.
Juan Carlos Monzón Rojas, quien es colaborador eficaz en este caso.
Antejuicio contra Douglas René Charchal Ramos, tráfico de influencias.
Por otro lado, sobre el contrato con TCQ, el presidente Jimmy Morales aseguró que ya no se puede declarar lesivo.
“No se puede declarar lesivo, porque ya pasó el tiempo para hacerlo. Son tres años después que se puede declarar lesivo“, agregó.
