El juez Miguel Ángel Gálvez reanudó este lunes la audiencia de primera declaración por el caso donde se investiga la corrupción que se habría dado para que el Estado y la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) firmaran un contrato.
En la audiencia están presentes las personas señaladas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entre ellas el expresidente, Otto Pérez Molina y la ex vicemandataria Roxana Baldetti.
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La ex vicepresidenta fue la última de las vinculadas en ser ingresada a la sala del Juzgado de Mayor Riesgo B. En esta ocasión se comunicó de manera diferente con Pérez Molina.
La acusación de la Fiscalía da cuenta que la empresa habría pagado 30 millones de dólares en un soborno, de los que por lo menos 4.2 millones llegaron a manos de Pérez Molina y la misma cantidad para Baldetti.
El MP sostiene que el dinero fue lavado por Jonathan Chévez, quien compró inmuebles y bienes para el expresidente y la ex vicemandataria.
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Una de las pruebas que tiene la fiscalía es la declaración en anticipo de prueba que dio como colaborador eficaz el exsecretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón.
En la audiencia el juez informó que la Empresa Portuaria Quetzal solicitó ser querellante adhesivo, petición que aceptó, aunque de manera provisional, situación que podría cambiar en la etapa intermedia, explicó.
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En cuanto a los incidentes previos al inicio de la audiencia estuvo la calificación de “ridiculez” que le dio Pérez Molina al testimonio de Juan Carlos Monzón.