El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y extitular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Vladimir Aguilar, reiteró que no era de su competencia declarar lesivo el contrato entre el Estado y la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), caso donde se investiga un supuesto soborno dado para firmar el compromiso.
“No había un expediente que emitiera opinión y no se advirtió la posible comisión de un hecho ilícito” dijo Aguilar, quien explicó que como la decisión del dictamen y la firma la tomó el consejo de ministros del gobierno de Otto Pérez Molina, él no podía tomar actuar al respecto.
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En 2013 hubo una petición a la PGN para que se declara lesivo, pero la unidad de consultoría analizó el expediente y se concluyó que no era competencia de dicha institución declarar ese extremo, argumentó Aguilar.
Asimismo, dijo que en su calidad de magistrado no puede opinar acerca del contrato.
La diputada Montenegro, recordó las palabras del colaborador eficaz del caso, Juan Carlos Monzón, donde señala que había sido necesario un aval de la PGN para lograr el contrato.
“Los hechos hablan de que los procuradores no favorecieron los intereses de la nación sino de quienes les pedían dictámenes”, y en este caso sin necesidad de que haya firmado algo procede la denuncia, enfatizó Montenegro.
Con información de Emisoras Unidas.