Abogados evitarán que señalados sean ligados a proceso en caso TCQ Después de cinco días de acusación por el Ministerio Público a 12 señalados por corrupción, entre ellos el expresidente Otto Pérez y la ex vicemandataria Roxana Baldetti, en el usufructo con la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), los abogados iniciarán con la defensa a buscar que el titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, no los ligue a proceso. Entre las pruebas que ha presentado el ente investigador hay declaraciones de Juan Carlos Monzón, exsecretario de Baldetti, y de César Medina Farfán, quien guarda prisión por tráfico de influencias en el caso denominado Redes, de cómo los exfuncionarios recibieron sobornos por la empresa española para la concesión de 34 hectáreas en la Empresa Portuaria Quetzal.
Militares conocerán hoy si enfrentan juicio por desaparición forzada Familiares y víctimas de violación de los derechos humanos durante el conflicto armando interno esperan que hoy el Juzgado de Mayor Riesgo A a cargo de Claudette Domínguez envía a juicio a 14 militares retirados señalados de desaparición forzada y delitos contra deberes de humanidad en el caso denominado Creompaz. Según el Ministerio Público, los hechos ocurrieron durante 1981 y 1988, cometidos en la zona militar 21 en Cobán, Alta Verapaz. Los señalados se encuentran en prisión preventiva desde el 14 de enero. Entre las pruebas que presentó el MP hay dos testigos que explicaron la forma en que actuó el Ejército. El ente investigador localizó 558 osamentas humanas, de las cuales 90 eran de menores de edad. Los acusados son Manuel Benedicto Lucas, exjefe del Estado Mayor General Edgar Rolando Hernández Méndez, Ismael Segura Abularach, Pablo Roberto Saucedo Mérida y César Augusto Ruiz Morales. También están Juan Ovalle Salazar, José Antonio Vásquez, Gustavo Alonzo Rosales, Raúl Dehesa Oliva, Carlos Augusto Garavito, Carlos Humberto Rodríguez, César Cabrera, Luis Alberto Paredes y Byron Barrientos.
Implicados en caso IGSS-Pisa e IGSS-Chiquimula piden separar procesos El Tribunal Octavo Penal tiene programado iniciar hoy el debate contra 20 sindicados en dos casos de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por la contratación de la Droguería Pisa para el tratamiento de pacientes renales y la contratación para la remodelación de las instalaciones del Seguro Social en Chiquimula. Sin embargo, los abogados defensores le solicitaron a dicho tribunal separar los procesos y estos no se lleven en el mismo juzgado. Además, la semana pasada habían pedido a la jueza Oly González medidas preventivas como arresto domiciliario y el levantamiento del embargo de bienes, la solicitud que fue rechazada.
El futuro de exfuncionarios y de militares retirados se conocerá hoy en diferentes salas de Tribunales, ya que los jueces decidirán si ligan a proceso y los envían a juicio por los señalamientos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.