Guatemala

Capturan a seis personas por fraude de Q1.8 millones en remodelación de sedes de PNC

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En Villa Nueva, Santa Catarina Pinula y de la ciudad de Guatemala se realizaron allanamientos para capturar a dos hombres y cuatro mujeres sospechosos de haber incurrido en actos de corrupción en un proyecto para remodelar sedes de la Policía Nacional Civil (PNC).

La fiscalía contra la corrupción del Ministerio Público (MP) y la policía informaron que los delitos perseguidos son asociación ilícita, fraude, peculado y testaferrato.

El MP informó que los detenidos son sospechosos de cometer irregularidades en estudios de prefactibilidad para proyectos de remodelación en cinco sedes de PNC ubicadas en Petén, por un monto de Q1 millón 857 mil 681.

Los capturados son Sandra Isabel Monterroso Herrera, Olga Beatriz González Fuentes, Fredy Eberto Carías García, Guillermo Roberto Hernández Mijangos, Aura Rosa Alvarado Recinos y María Luisa Alvarado Recinos.

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Así cometieron el fraude

La secretaria general del MP, Mayra Véliz, expuso en una conferencia de prensa que el 11 de mayo de 2015 auditores internos del Ministerio de Gobernación denunciaron la existencia de 24 comprobantes de pago por “estudios, investigación y proyectos de factibilidad” para el remozamiento en cuatro sedes de policía de Petén por un monto de Q1 millón 857 mil 681, pero los estudios no fueron realizados.

Véliz dijo que los estudios no aplicaban o no eran idóneos porque no se construiría obra nueva, sino que sería remodelación.

Las instalaciones que serían remozadas son la sede de la comisaría 62, en Petén, la subestación 62-11, de San Benito, la subestación 62-12, de Santa Elena y el Distrito VII, en San Benito, pero ninguna de las empresas externas contratada hizo su trabajo, se indicó.

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Los trabajos a realizar eran remodelación de servicios sanitarios y lavandería, de la oficina de la sección de personal, jardinización y parqueo.

Héctor Florentino Rodríguez Heredia, ex subdirector de la dirección general de apoyo y logística de PNC, y Otto Aníbal Escalante Miranda, exjefe del departamento de infraestructura, quienes autorizaron las contrataciones y pagos, ya se encuentran en prisión por un caso similar.

 

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