0 of 12
PUBLICIDAD
Cuando los diputados Arístides Crespo y Luis Rabbé fueron presidentes del Congreso de la República autorizaron la contratación de personal de manera “arbitraria e injustificada” a petición de los miembros de sus respectivas juntas directivas informó el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La Fiscal General, Thelma Aldana, dijo que en la investigación se estableció que los miembros de esas juntas directivas lograron la contratación de más personas que las permitidas por la ley, que son tres con salarios de entre Q10 mil y Q15 mil. En algunos casos, las personas nunca se presentaron al Congreso
Aldana dijo que se determinó que en las contrataciones se dio una serie de irregularidades entre ellas que las personas no cumplían con el perfil idóneo para el cargo, el hecho de que no se justificaron los contratos así como los elevados salarios.
“El manejo fue descarado de la nómina del Congreso”, dijo el jefe de la CICIG, Iván Velásquez.
PUBLICIDAD
La investigación estableció que se dieron dos modalidades. La primera era lograr nombramientos, en concurso con el presidente del Congreso y el director general y de los miembros de junta directiva sin respetar los criterios de ley que son: necesidad justificada, perfil idóneo y cumplimiento de requisitos y proporcionalidad del salario.
La segunda modalidad tiene relación con plazas fantasma, dijo Aldana. Las pesquisas permitieron establecer se contrató personal, a propuesta de los diputados de junta directiva, a tiempo completo, pero esas personas nunca asistieron al Congreso y al mismo tiempo laboraban en empresas de algunos parlamentarios, empresas privadas o en otras dependencias del Estado.
Los casos de Arístides Crespo
Crespo logró el nombramiento de 17 personas bajo contrato 022 de las que 13 estaban asignados a Presidencia del Congreso. Entre ellas se cuentan asistentes con salario de Q10 mil, Q12 mil y Q15 mil quienes solo tenían nivel diversificado. El MP estableció que el perfil para esos puestos era el de un profesional.
El entonces Presidente del Congreso autorizó 44 plazas para diversas unidades sin contar con la solicitud del jefe las mismas. Más de 25 de ellas eran con salario igual o por encima de los Q15 mil.
Antes de entregar la Presidencia, Crespo autorizó el nombramiento de 87 personas bajo el renglón 022 para los miembros de Junta Directiva.
Entre los casos está el contrato de Héctor René Polanco, bachiller, asignado al diputado Alfredo Rabbé con un salario de Q15 mil.
María Lourdes Solórzano Carballo, diseñadora gráfica, tenía un contrato por Q10 y estaba asignada al mismo diputado, pero nunca llegó al Congreso. Se estableció que trabajaba en una empresa de 8 a 18 horas.
Carlos Miguel Salazar Mendoza, asignado a la bancada TODOS como técnico operativo con un sueldo de Q10 mil, pero quien era trabajador como extensionista en Palín, Escuintla del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA).
Otros contratos
El jefe de la CICIG, Iván Velásquez, dijo que cuando Edgar Cristiani fue diputado contrató a 19 personas, algunas de ellas laboraban al mismo tiempo en una de sus empresas.
En el caso del parlamentario, César Fajardo, solicitó la contratación de 20 personas pero al menos tres nunca se presentaron al Congreso, dijo Velásquez.
Luis Rabbé contrató a Mario Franco por un salario de Q20 mil y nunca se desempeñó además estuvo de viaje 5 veces.
El exdirector general del Congreso, Luis Mijangos, contrató 87 personas para el periodo 2014-2015. “Los contratos tienen una fecha posterior al inicio”, explicó la fiscal
Julio César López contrató a 14 personas y Selvin García a 13, se indicó.
