Tras conocerse la propuesta del interventor de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) que incluye una reparación civil se pidió opinión a tres diputados del Congreso de la República al respecto, quienes dieron puntos de vista diferentes.
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En el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas la diputada Nineth Montenegro dijo que la propuesta “no suena mal” sobre todo por todo lo que se ha tardado el proceso contencioso administrativo que ellos impulsaron en este caso. A su criterio es una “salida salomónica” que no tiene que dejar por un lado que siga la persecución a los responsables de corrupción.
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El parlamentario Boris España coincidió con Montenegro y agregó que se tiene que buscar la manera de que ese puerto funcione.
“No conocemos a profundidad esta propuesta” expuso el legislador Orlando Blanco quien criticó que la propuesta no se les haya dado a conocer antes, ya que aunque la empresa APM Terminals aceptara ese acuerdo, la palabra final la tiene el Congreso de la República, pues en esa instancia se tendría que aprobar el nuevo contrato, explicó.
“Será en los próximos días en los que se aclare cual es la ruta más adecuada”, agregó Blanco.
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El interventor, Alexander Aizenstatd, propuso que TCQ dé una indemnización de US$43.2 millones al Estado de Guatemala además de adquirir otros compromisos para evitar la corrupción, a cambio de que sea firmado un nuevo contrato, aprobado por el Congreso, a favor de la misma empresa.
Aizenstatd expuso que TCQ tiene deudas por más de US$126 millones y no tiene ingresos. Además, explicó que seguir el proceso de la nulidad llevaría muchos años, hecho que pondría en peligro el empleo de 70 personas y expondría al deterioro del equipo de la portuaria que requiere mantenimiento constante.
El Ministerio Público lleva un proceso penal contra exdirectivos de TCQ quienes habrían pagado un soborno de US$30 millones para firmar un contrato con el Estado.
