En un video que publicó en sus redes sociales, el presidente Jimmy Morales, junto a su esposa, Patricia de Morales, explicó la supuesta vinculación de su hijo mayor, José Manuel; y su hermano en unas cotizaciones de un restaurante, que está involucrado en el caso de corrupción en el Registro General de la Propiedad (RGP).
“Pueblo de Guatemala, hoy quiero comunicarles una situación sumamente difícil, uno de mis hijos, que estudia en el extranjero, me dijo que se había enterado a través de las noticias sobre las acusaciones en contra de la entidad mercantil Fulanos y Menganos, en donde él y uno de mis hermanos, podrían tener alguna relación con unas cotizaciones de servicios por alimentos”, asegura el gobernante.
“Le dije que lo correcta era presentarse ante el Ministerio Público (MP) a dar su testimonio, él lo decidió y lo hizo de manera voluntaria. Mi hermano tomó la misma decisión”, afirma.
Asegura que “será la última vez que hable del caso y que no daré ninguna declaración para no interrumpir en este proceso”.
“Esta situación no ha sido fácil para mí; sin embargo, creemos que en la vida las situaciones por difíciles que sean o que parezcan deben resolverse de la manera correcta”, expone.
“En este momento, mi esposa y yo, respaldamos plenamente a nuestro hijo y creemos en la honorabilidad de mi hermano. Además, respetamos a las instituciones responsables en impartir justicia y no interferiremos en el proceso”, explica.
La fiscal general, Thelma Aldana, confirmó que el hijo y el hermano del mandatario ya se presentaron a declarar, pero debido a que el caso está en reserva, no se puede revelar qué hablaron.
Por este caso fueron detenidas más de 20 personas, entre ellas Anabella de León, titular del registro de la RGP.
“La entidad (Registro de General la Propiedad) pagó a dos empresas un desayuno para 564 trabajadores y jamás se realizó. El restaurante “Fulanos y menganos” cobró Q90 mil y “El rincón del chef” Q51 mil 978.60”, se detalló el día en que se desarticuló esa estructura.
“En la nómina de invitados estaban las personas que tenían las plazas fantasma”, explicó Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entidad que colaboró en las pesquisas.