Un día después de haberse publicado el estado de prevención por el Ejecutivo que limitaba garantías constitucionales, el Congreso citó de urgencia al titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jorge De León, enfatizó que ese tipo de decisiones golpea al Ejecutivo.
“El acuerdo estaba muy mal redactado, sin haberlo socializado con nadie, porque hay gente que desconoce de la ley estaba preguntado porque el presidente estaba restringiendo garantías constitucionales“, mencionó De León.
El procurador indicó que el mensaje es claro y el gobierno lo recibe de manera contundente, que con una decisión política no se pueden limitar garantías constitucionales, porque la población y la prensa está abierta a discutir y reclamar.
El magistrado de conciencia indicó que ese tipo de acciones golpean al Ejecutivo y el presidente que ha tenido momentos “duros” por los temas que se conocen y lo debilitan de su situación.
Por último, adelantó que propondrá a la junta directiva del Congreso a retomar las reformas de la Ley de Orden Público ya que tiene rangos dictatoriales, como la militarización de servicios públicos.