La propietaria de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) busca obtener la concesión por 21 años.
A dos semanas de que la Procuraduría General de la Nación informara los compromisos entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ)y APM Terminals, la compañía neerlandesa depositó ayer en el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) US$32.7 millones como reparación civil al Estado.
Sin embargo, los fondos estarán disponibles cuando el Congreso apruebe la concesión directa de las 34 hectáreas para la terminal marítima, que propondrá el gobierno como sugerencia de EPQ.
Susanne Marston, vicepresidenta de APM Terminals, indicó que el depósito refrenda el compromiso con el país y el deseo de asegurar el futuro del puerto.
También la empresa extranjera deberá pagar US$10.5 millones durante el periodo de concesión, que serán utilizados como inversión en educación y salud.
Además, hay un compromiso de la instalación de maquinaria de Rayos X por parte de APM Terminals.
Durante esta semana el interventor de TCQ, Alex Aizenstatd, dio a conocer las plazas de trabajo disponibles en la terminal marítima, que prevé generar 460 empleos.
De acuerdo con la procuradora general, Anabella Morfín, el Ejecutivo no se debe demorar para presentar la iniciativa de ley debido a las necesidades económicas para poner a funcionar TCQ.
Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, lamentó que el proceso judicial contencioso administrativo que estaba avanzado se haya desechado por un acuerdo político “para allanar el camino a APM Terminals”.
A la vez, consideró que el monto que ofreció la empresa es corto por el daño moral y político al Estado.
“Aunque el interventor sea bien intencionado y trata de recuperar al país y llevarlo al desarrollo, hay dudas de si APM es de buena fe y si desconocía los actos anómalos, tráfico de influencias, subvaloración en el precio del metro cuadrado y mordidas”, agregó Montenegro.
La congresista resaltó que debe analizarse si puede haber una lictiación internacional, ya que puede haber más empresas interesadas.