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A siete días de que finalice el periodo ordinario del Congreso para aprobar nuevas leyes, la empresa accionista de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), APM Terminals se pronunció en contra de realizar una licitación para lograr el funcionamiento de esa construcción.
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El 3 de noviembre el Ejecutivo presentó una iniciativa de ley para que se otorgue la concesión directa de la terminal marítima a la compañía neerlandesa que compró la empresa que se presume que sobornó al expresidente Otto Pérez Molina para que se otorgara el usufructo en 2012.
En un comunicado de APM Terminals mencionan que la Ley de Contrataciones del Estado regula los contratos de concesión, por lo que muestran su oposición de que se realice una licitación, pues TCQ no competiría en igualdad de condiciones frente a otros oferentes que no han hecho las inversiones previas y no tienen la misma situación de riesgo o pérdida al participar en el concurso, la cual quedaría sin operar durante el tiempo que dure la licitación.
“La solución propuesta por las partes del Ejecutivo, de forma concreta y considerando la inversión ya hecha, descansa en la legitimidad y representatividad que tiene el Congreso en ejercicio de su potestad legislativa”, expresa el documento.
Varios jefes de bancada han mostrado su rechazó al proyecto de ley para la concesión directa por la acusación que existe por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de que la anterior propietaria de TCQ otorgó más de US$24 millones a Pérez y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
TCQ fue intervenida a solicitud del MP en junio pasado, por lo que después de varias reuniones el interventor propuso que la empresa otorgue unaindemnización económica de US$32.7 millones al Estado de Guatemala y realice inversiones por US$10.5 millones en los próximos cinco años.
La anulación del usufructo se encuentra en un proceso administrativo contencioso por la denuncia que presentó la diputada Nineth Montenegro.
