“Alguna solución será costosa” Análisis de Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana Toda la situación del Renap es producto de un mal negocio que se hizo, pues la empresa se aseguró de que el Estado dependiera de ella. A la vez, los directivos fueron negligentes en no prever y tener capacidades institucionales para solventar la problemática que al final son los ciudadanos los que sufren por falta de identidad, donde el Congreso ha tenido corresponsabilidad. Alguna solución que tomen las actuales autoridades será tarde y costosa.
El Registro Nacional de las Personas (Renap) contempla comprar un equipo para imprimir sin intermediarios el Documento Personal de Identificación (DPI).
Debido a lo delicado que es imprimir los documentos de identificación, el Renap ha reforzado el sistema biométrico para estar preparados cuando venza el contrato con Easy Marketing. Brenda Gramajo, directora interina del Registro, señaló que durante el año pasado se cuantificaron alrededor de 29 mil casos con problemas de usurpación de identidad, un motivo por el cual se atrasa la entrega de los DPI. “T enemos un departamento de análisis y verificación que se encarga de investigar las irregularidades, pues algunas personas comenten el error de aceptar información indebida, pues creen que como entró al sistema ya está lista, pero tenemos varias etapas de investigación de la información”, comentó Gramajo. En 2015 se denunciaron alrededor de 600 empleados del Renap, por haber aceptado información. La encargada interina del Renap se mostró sorprendida de la decisión de la empresa que estaba imprimiendo los DPI, ya que desde de enero habían iniciado el proceso de transición, pero en septiembre mencionaron que no se les estaba pagando a tiempo, cuando ellos cambiaban las facturas a último momento. Gramajo señaló que la discordia inició cuando se revisó el contrato que tiene 90% técnico, donde se contempla como Easy Marketing debe entregar el equipo con actualizaciones, licencias y garantías, pero no se contempló un plazo de transición, pero en septiembre la empresa solicitó que rescindieran el contrato, el cual fue modificado en enero. Ante la problemática, el directorio del Renap y Gramajo solicitaron apoyo a la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio Público, a la Contraloría General de Cuentas y a la Procuraduría de los Derechos Humanos para que el proceso de transición sea ordenado, legal y transparente. De acuerdo con Gramajo, la institución cuenta con dos millones de tarjetas para imprimir DPI, pero no cuentan con maquinaria para realizarlo, por lo que entregaron una contrapropuesta a Easy Marketing para tener acceso a las impresoras y no atrasarse con la emisión de los documentos. El contrato entre ambas instituciones vence cuando se emitan 12 millones de DPI de los cuales faltan menos de 250 mil documentos. “La banca se ha estado acercando con nosotros para consultar información de las personas que piden préstamos, pues con el DPI se puede abrir una cuenta bancaria, comprar una casa, cambiar un cheque”, añadió Gramajo.