El gobierno anunció que planteará una denuncia penal contra varios exfuncionarios por avalar la modificación del contrato para ampliar una carretera a la constructora brasileña Odebrecht, acusada de otorgar sobornos para ganar obras, informó una fuente oficial.
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"No hay específicamente una persona sino que hay varias, porque son muchísimas las que a lo largo del proceso se incorporan a este tema", dijo en rueda de prensa el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Aldo García.
El funcionario adelantó que entre los denunciados figuran el extitular de esa cartera, el prófugo Alejandro Sinibaldi, dos exviceministros del CIV y el exdirector de Caminos Jorge Gálvez, quien ejerció como representante del Estado ante esa empresa.
Aclaró que la demanda se interpondrá el próximo miércoles y no incluye a la firma brasileña porque "la empresa al inicio tenía un contrato original, con condiciones originales" que respetó.
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Las modificaciones ocurrieron en 2013, un año después de haberse suscrito el contrato original.
La denuncia del Ejecutivo se suma a otras acciones legales en curso, como la liquidación del contrato por parte de la Contraloría General de Cuentas, que deberá determinar también el monto de la compensación que corresponde pedir a la empresa.
El 22 de diciembre pasado, la fiscal general Thelma Aldana anunció que solicitará apoyo judicial a Estados Unidos tras la divulgación de documentos que señalan a Odebrecht como responsable de pagar sobornos a funcionarios guatemaltecos para la adjudicación de obras.
Días antes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó documentos donde se señala que Odebrecht pagó sobornos en 9 países latinoamericanos por "centenas de millones de dólares" para obtener contratos.
Foto: Publinews
En Guatemala, entre 2012 y 2015, la constructora brasileña abonó unos 18 millones de dólares en sobornos a funcionarios e intermediarios para ganar la ampliación de una carretera en el sur del país a un costo de 299 millones de dólares.
De acuerdo con la funcionaria, en Guatemala existen dos denuncias por este caso: una que lleva la fiscalía contra el lavado de dinero y otra de la fiscalía de delitos contra la corrupción.
