El Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa exhortó a las autoridades de Hungría a que advierta a sus fuerzas policiales que trabajan en contacto con los migrantes que es intolerable cualquier forma de maltrato hacia éstos, según un informe publicado el jueves.
El comité, que efectuó una visita al país en octubre de 2015, reconoce en su informe las “circunstancias particulares” que debieron hacer frente las autoridades húngaras en el verano 2015 por el flujo “sin precedentes” de extranjeros llegados a Hungría, hasta 10.000 personas en algunos días.
Si bien el informe destaca que la mayoría de los migrantes interrogados por su delegación afirmó que recibió un trato correcto, el comité señala que “una cantidad considerable” de migrantes se quejan de haber recibido maltratos y lamenta las condiciones de retención “inapropiadas” en algunos centros.
Las alegaciones de maltratos “son esencialmente bofetadas, golpes de puño y golpes de matraca en el momento del arresto”, según el informe que subraya que algunas de las quejas fueron formuladas por personas que se presentan como menores aislados.
El informe pide en consecuencia a las autoridades húngaras que notifiquen oficialmente a todos los policías y personal de seguridad que trabajan en los centros de solicitudes de asilo y de retención que “no es aceptable ninguna forma de maltrato hacia las personas privadas de su libertad”.
Una recomendación que el gobierno húngaro estimó, según una respuesta dirigida al comité, “injustificada”, considerando que daría una “imagen falsa y negativa de la policía”.
Para el gobierno húngaro no es necesaria una declaración oficial para recordar a los policías que pueden ser sancionados si no respetan los derechos fundamentales.
El primer ministro húngaro, Viktor Orban, del partido conservador Fidesz, ordenó erigir una barrera a lo largo de las fronteras con Serbia y Croacia de su país para poner freno a la llegada masiva de migrantes. En 2015, unos 400.000 migrantes pasaron por Hungría en dirección al norte de Europa.
A pesar de este dispositivo, unas 18.000 personas ingresaron ilegalmente al país en 2015, según cifras oficiales.
La visita del Comité para la Prevención de la Tortura tenía por objeto examinar cómo son tratados en Hungría los migrantes privados de libertad, en virtud de la legislación sobre los extranjeros o la legislación penal por la que la inmigración ilegal puede ser penada con hasta tres años de cárcel.