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Gobierno colombiano y FARC revisan temas de justicia y tierras para el acuerdo

Los delegados del Gobierno de Colombia y de las FARC, principal guerrilla del país, revisaron el domingo temas de la reforma rural y la justicia transicional para alcanzar un nuevo acuerdo que permita superar un conflicto armado de medio siglo, informaron fuentes oficiales.

“Hemos revisado el punto uno de la reforma rural integral, con una serie de precisiones, de ajustes, en la línea de lo que nos ha llegado de la sociedad colombiana”, indicó el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, desde La Habana en un vídeo divulgado en Bogotá.

“Esta mañana tocamos algunos aspectos de la jurisdicción especial para la paz, que es un tema trascendental y creo que hemos hecho un buen trabajo. Hemos logrado algunas aproximaciones importantes”, agregó.

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De la Calle viajó la víspera a Cuba, sede desde hace casi cuatro años de las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), con la orden del presidente Juan Manuel Santos de entrar en modo cónclave hasta llegar a un nuevo acuerdo de paz.

El 26 de septiembre las partes firmaron un pacto para poner fin a la conflagración interna que fue rechazado sorpresivamente por un estrecho margen el 2 de octubre en un plebiscito.

El revés electoral impide que lo acordado se implemente, por lo que el Gobierno inició reuniones, finalizadas el jueves, con los representantes del ‘no’ a lo convenido con la principal y más antigua guerrilla del país para alcanzar un nuevo acuerdo.

Tras los encuentros, el Gobierno recogió más de 500 propuestas en 57 ejes temáticos para hacer ajustes y cambios a lo sellado con las FARC, alzadas en armas contra el Estado en 1964 tras una sublevación campesina. “El clima de discusión ha sido constructivo, bueno, hay apertura mental, hay respeto por las ideas”, indicó De la Calle.

El jefe negociador, que se mostró optimista sobre la posibilidad de “sacar adelante un acuerdo muy pronto”, aseguró que durante la jornada también se discutió sobre la sostenibilidad fiscal en la implementación del acuerdo, drogas ilícitas y “temas generales” de participación política de los guerrilleros.

Colombia registra más de 260.000 muertos en medio siglo de violencia fratricida, que ha involucrado a guerrillas, paramilitares y agentes de la fuerza pública.

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