La victoria de Donald Trump tomó por sorpresa a los sectores económicos, pero ha dinamizado un área poco conocida en Estados Unidos: la industria privada de cárceles y centros de detención para inmigrantes.
Al día siguiente de la elección del magnate inmobiliario, las acciones de las dos principales empresas del sector, Corecivic (antes llamada Corrections Corporations of America) y GEO Group, aumentaron respectivamente un 43% y un 21% después de estar moribundas durante muchos meses.
A mediados de agosto, la administración del presidente saliente, Barack Obama, anunció que dejaría de recurrir a las prisiones privadas, que representaban la mayor parte de las actividades de esas empresas.
La candidata demócrata Hillary Clinton prometía seguir con esa postura y afirmaba que no debería haber “motivaciones financieras para llenar las cárceles con jóvenes estadounidenses”, pese a que los centros de detención privados albergan una ínfima porción (alrededor del 0,5%) de los 2,2 millones de personas encarceladas en Estados Unidos.
La elección del 8 de noviembre cambió el escenario y la percepción de los inversores.
Trump conquistó la Casa Blanca con promesas de una política represiva basada en “la ley y el orden” y la expulsión de 11 millones de inmigrantes clandestinos, lo que debería incrementar los encarcelamientos.
En Estados Unidos, los centros de detención para inmigrantes están, en su gran mayoría, gestionados por esas mismas empresas privadas, en particular Corecivic y GEO Group, y bajo el control de la agencia federal de inmigración y aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
En consecuencia, la promesa del candidato Trump de expulsar a entre dos y tres millones de delincuentes clandestinos en los primeros días de su mandato (la transición de poder es el 20 de enero) debería generar un boom de actividad para el sector.
“Ello se traducirá en un fuerte aumento de la cantidad de inmigrantes detenidos porque no será posible expulsar a esa gente sin pasar por un procedimiento judicial y, por ende, por una detención”, declaró a la AFP, Bethany Carson, de la ONG de lucha contra la encarcelación masiva GrassRoots leadership.
Unos 400.000 inmigrantes son detenidos anualmente en Estados Unidos, según diferentes estimaciones, lo que representa un coste para el contribuyente y un ingreso para las empresas: una cama de adulto en un centro de detención cuesta 123 dólares (115 euros) por día, y 342 (322 euros) si se trata de una unidad familiar, según fuentes oficiales.
Según la consultora IBISWorld, esta industria de la retención de personas en espera a ser expulsadas representa actualmente el 21% de un mercado global del encarcelamiento privado estimado en 5.300 millones de dólares en Estados Unidos.
– Racionalizar los costes –
“Esta cifra debería crecer en los próximos cinco años, en momentos en los que los principales actores del sector (…) amplían sus capacidades de acogida de inmigrantes ilegales”, prevé el informe de IBISWorld, publicado justo antes de la victoria de Trump.
Contactados por la AFP, los dos gigantes del sector se muestran precavidos y se contentan simplemente con defender su alianza con el sector público, en nombre de una racionalización de los costes.
“Estamos listos para continuar con nuestra asociación de hace mucho tiempo con el gobierno federal para proveer servicios correccionales, de detención y de reinserción de alta calidad”, respondió por mail el vicepresidente del GEO Group, Pablo Paez.
Cualquiera sea la orientación futura de la administración Trump, las empresas del sector podrán en todo caso contar con una suerte de renta de situación, ya que las pespectivas son promisorias para ellas.
Desde 2009, el Congreso obliga a la administración a ocupar, diariamente, 34.000 camas en los centros de retención con el objetivo de mantener los esfuerzos en la lucha contra la inmigración clandestina, una medida muy conveniente para el sector privado.
Crítica de la falta de control de las autoridades y de las condiciones de detención de los inmigrantes, la asociación de defensa de los derechos civiles ACLU instó recientemente a las autoridades a “deshacerse de la dependencia” del sector privado.
No es seguro, de todas formas, que el presidente Trump siga esta vía. “Creo que podemos hacer muchas privatizaciones y cárceles privadas. Parece funcionar mucho mejor”, declaraba en marzo.