Colombia dio este martes el primer paso para refrendar el acuerdo de paz firmado la semana pasada por el gobierno y la guerrilla FARC, con la aprobación en el Senado del pacto que busca acabar con más de medio siglo de conflicto armado.
El texto, renegociado para incluir propuestas de la oposición luego de que el pacto original fuera rechazado en un plebiscito el 2 de octubre, deberá ser también validado este miércoles por la Cámara de Representantes.
“Con un total de 75 votos por el ‘Sí’, no hay ningún voto en contra, ha sido aprobada la proposición” presentada para refrendar el acuerdo de paz firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), informó la Secretaría del Senado.
Leída minutos antes por el senador del Partido Liberal Horacio Serpa, la proposición asegura que el Senado “adopta la decisión política de refrendar el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito por el gobierno nacional y las FARC el día 24 de noviembre”.
En la plenaria del Senado, que refrendó el acuerdo tras 13 horas de discusiones, el resultado de la votación fue recibido con aplausos por los presentes, todos partidarios al texto.
“¡Viva la paz, viva Colombia!”, exclamó el presidente de la cámara alta, Mauricio Lizcano, al cerrar la sesión.
Los congresistas del derechista Centro Democrático, liderado por el expresidente y actual senador Álvaro Uribe, habían decidido momentos antes retirarse de la sala asegurando que el Congreso “no puede suplantar” la decisión que tomaron en las urnas los colombianos.
Las FARC, surgidas de una insurrección campesina en 1964 y con unos 5.765 combatientes actualmente, es la guerrilla más antigua de América Latina.
Esta es la cuarta vez que intentan un proceso de paz con el gobierno colombiano, tras fracasar en diálogos con los presidentes de Belisario Betancur (1982-1986), César Gaviria (1990-1994) y Andrés Pastrana (1998-2002).
Para evitar un nuevo fracaso y, sobre todo, para acelerar la implementación de lo pactado, las partes optaron por recurrir al Congreso, donde Santos cuenta con mayorías, para la refrendación.
– ONU con “miedo” –
En el debate de este martes, el jefe negociador del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, dijo que sería “un error desaprovechar la oportunidad de refrendar este acuerdo y de implementarlo rápidamente”.
El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, quien junto a De la Calle encabezó el equipo del gobierno en las negociaciones de paz que se desarrollaron en Cuba durante cuatro años, explicó que “la incertidumbre” en torno al acuerdo “ha exacerbado las tensiones en los territorios”, donde en las últimas semanas han sido reportados homicidios y atentados contra varios líderes sociales.
Además, hace pocas semanas, dos guerrilleros de las FARC fueron abatidos en supuestos combates con el Ejército, a pesar del cese al fuego que las partes mantienen desde fines de agosto.
Refiriéndose a la reciente violencia, el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, dijo a los senadores que tiene “miedo por su país” y les pidió que al votar pusieran “como prioridad los derechos de los dos millones de colombianos que viven afectados de una manera directa por el conflicto armado con las FARC”.
– “Presión indebida” –
Howland fue uno de los invitados especiales a la maratónica sesión, en la que también intervinieron representantes del gobierno y víctimas de la violencia, con argumentos a favor y en contra, y a los que se sumaron las intervenciones de 70 de los 102 senadores.
En el marco de la plenaria, quienes abogaron por aprobar el acuerdo destacaron los cambios introducidos para incluir propuestas de la oposición.
Sin embargo, Uribe insistió en rechazar el acuerdo así como el hecho de que su refrendación se esté dando en el Congreso.
El exmandatario calificó como “una presión indebida en contra del ordenamiento jurídico” la premura del gobierno por aprobar el acuerdo.
Uribe se opone al pacto por considerar que trae “impunidad total” y otorga elegibilidad política a guerrilleros culpables de crímenes atroces antes de que cumplan sus penas.
De ser aprobado el acuerdo también el miércoles en la Cámara, el Congreso será clave luego para validar las leyes que permitirán su implementación.
El conflicto armado colombiano, del que también han participado otras guerrillas, paramilitares y agentes estatales, ha dejado al menos 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.