Un condenado a muerte fue ejecutado en la noche del martes en el estado de Georgia, después de que el último recurso presentado por sus abogados ante el Tribunal Supremo fuera rechazado, informaron las autoridades penitenciarias estadounidenses.
William Sallie, nacido en 1966 y sentenciado a la pena capital en 2001, falleció a las 22h05 (03h05 GMT de este miércoles) tras recibir la inyección letal en la cárcel de Jackson.
El detenido aceptó que se leyera “una última oración” y “grabó una última declaración”, señalaron.
Sallie fue condenado por matar a su suegro en marzo de 1990 y herir de bala a su suegra, en medio de una pelea con su mujer por el cuidado de su hijo.
Fue condenado una primera vez a la pena capital, pero su sentencia fue anulada por un conflicto de intereses de su abogado, por lo que volvió a ser juzgado y condenado a la misma pena en 2001.
Según sus abogados, en el segundo juicio, una de las integrantes del jurado mintió sobre su pasado y presionó a los otros miembros, motivos suficientes, en teoría, para obtener la anulación del veredicto.
Pero el condenado, en un momento en que ya no contaba con el asesoramiento de un abogado, dejó pasar la fecha límite para interponer un recurso, por lo que la justicia nunca examinó estos argumentos.
La Comisión de Gracias y Liberaciones Condicionales de Georgia rechazó el lunes un recurso de los abogados de Sallie, que ya no contaba más que con el Supremo.
El ritmo de las ejecuciones se ha reducido en EEUU debido a varios factores desfavorables a la pena de muerte, entre ellos la escasez de sustancias utilizadas para las inyecciones letales.
Sin embargo, en Georgia, la tendencia es a la inversa y en lo que va de año ha resuelto más penas de muerte que Texas, el estado que más ejecuciones lleva a cabo en todo el país.
“Probablemente, uno de los principales problemas del sistema (penal) de Georgia es que no proporciona un abogado a las personas (juzgadas), lo que explica por qué lleva a cabo tantas ejecuciones”, comentó esta semana Norman Fletcher, expresidente del Tribunal Supremo de este estado.
No obstante, considera que es un problema federal, pues “el Tribunal Supremo de Estados Unidos no ha dictaminado que la Constitución garantiza el derecho a un abogado durante el crítico periodo posterior a la sentencia en los tribunales estatales”, escribió en una columna del diario The New York Times.