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Hace ocho años fue aprobada la Ley de acceso a la información pública, el decreto 57-2008, que ordena a las dependencias a informar a la población los salarios de los empleados, diversos documentos de carácter público.
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La entidad Cerigua ha denunciado que existen retrasos en la entrega de la información y hasta interpretaciones arbitrarias de la ley.
La normativa es un adelanto en materia de transparencia y según expertos no existe un organismo que se encargue de la verificación y la sanción de forma penal. Solo la Procuraduría de los Derechos Humanos tiene un mandato.
La ley establece que “que los sujetos obligados deberán mantener actualizada y disponible en todo momento la información, que podrá ser consultada de manera directa o a través de los portales electrónicos”.
