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La Corte de Constitucionalidad (CC) enmendó una resolución de Claudet Domínguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo A, para que los familiares de las víctimas del conflicto armado en el país sean incluidas en el proceso penal el caso de desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad denominado “Creompaz”.
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Los magistrados otorgaron un aparo provisional al Ministerio Público (MP) y a seis organizaciones para que la jueza enmiende su resolución del 7 de junio de 2016 cuando procesó a ocho militares retirados y no se pronunció acerca de “hechos graves, tales como la violencia sexual contra las mujeres”.
El mandado de la CC detalla que se debe amparar a las victimas cuyos hechos fueron omitidos por la jueza en la etapa intermedia.
Entonces la jueza Domínguez deberá citar a las partes para explicar la resolución del máximo ente legal del país. Los amparados son la Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), la Comunidad de Plan de Sánchez, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces Maya Achi (Adivima), la Asociación de Vecinos de finca Chicoyoguito, y la Coordinadora de Víctimas de Alta Verapaz (Codevi).
El caso
El 6 de enero de 2016 la Fiscalía de los Derechos Humanos y la Policía realizaron 14 detenciones de militares retirados, entre ellos Manuel Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor General del Ejército de 1981 a 1982 por desapariciones forzadas y deberes contra la humanidad durante el conflicto armado interno. En el caso “Creompaz” (Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz, anteriormente zona militar 21) fueron diez detenidos y cuatro por la desaparición del adolescente Marco Antonio Molina Theissen.
Dos días después se desarrolló la audiencia de primera declaración. En la resolución la jueza Domínguez envió a juicio a ocho exmilitares y dejó en libertad a los militares retirados Ismael Segura Abularach y a Gustavo Rosales García.
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Antejuicio
Los familares de los desaparecidos. Publinews Foto:
Por este caso enfrenta antejuicio el dipuado oficialista de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) Edgar Ovalle. El proceso está con una pesquisidora. Luego deberá pasar al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) donde se determinará si se le retira la inmunidad.
Los hechos
La investigación del MP, señala que los sindicados habrían tenido responsabilidad en al menos 88 eventos relacionados con masacres ocurridas entre 1981 y 1986. Este grupo está sindicado de participar en al menos 558 desapariciones forzadas de indígenas.
Procesados Este caso, considerado como uno de los más grandes de América Latina en cuanto a desapariciones forzadas, involucra a Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército, al militar Raúl Dehesa Oliva y el mayor retirado Byron Barrientos Díaz, de 64 años, exjefe de Inteligencia Militar y ministro de Gobernación del gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004). Además al coronel retirado Francisco Luis Gordillo Martínez (80 años), quien formó parte del triunvirato, junto a los generales José Efraín Ríos Montt y Horacio Maldonado Shaad, tras el derrocamiento en marzo de 1982 del presidente Fernando Romero Lucas García. También Ismael Segura Abularach (72 años), Pablo Roberto Salcedo Mérida (68 años), César Augusto Ruiz Morales (65 años), Juan Ovalle Salazar y José Antonio Vásquez. Así mismo Gustavo Alonzo Rosales García (72 años), Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, Carlos Humberto Rodríguez López (67 años), Edilberto Letona Linares (78 años) y Edgar Rolando Hernández Méndez (76 años).
