Las autoridades brasileñas redujeron de 60 a 56 los muertos en un violento motín en una cárcel de Manaos, en el norte de Brasil, en el más reciente episodio de una guerra entre grupos criminales que se disputan el tráfico de drogas en el país.
"Los presos fueron muertos por los propios internos, en un enfrentamiento de extrema violencia" que empezó el domingo en la tarde y duró "cerca de 15 horas", informó la Secretaría de Seguridad del estado Amazonas, cuya capital es Manaos.
Esta tarde la dependencia revisó a la baja el número de muertos reportados inicialmente, varios de ellos decapitados, y anunció que ya inició el proceso de identificación de los cuerpos.
El episodio ocurrió en el complejo penitenciario Anisio Jobim (Compaj) y fue motivado por un choque entre dos facciones criminales: el Primer Comando de la Capital (PCC), originario de Sao Paulo, y el grupo local Familia del Norte (FDN).
"Es la mayor matanza cometida en una prisión de la Amazonía", afirmó el secretario de Seguridad Pública de Amazonas, Sergio Fontes, quien aseguró que los grupos de narcotraficantes se disputan dinero y territorio.
"Muchos fueron decapitados y todos sufrieron mucha violencia" para enviar un recado a sus enemigos, añadió.
El motín es uno de los mayores registrados en los últimos años en Brasil, después de la sonada masacre en 1992 en la cárcel de Carandiru, que acabó con 111 presos muertos.
Familiares de los internos se agolparon el lunes en la puerta del presidio, en una zona periférica de Manaos, a la espera de noticias oficiales.
Las autoridades informaron que lograron salvar la vida de unos 12 rehenes y patrullaban la zona en busca de decenas de presos del contiguo Instituto Penal Antonio Trindade (Ipat) que escaparon una hora antes de que comenzara el motín, en un hecho que aún no se sabe si tiene conexión con la matanza.
De los 87 reos que fueron reportados como fugitivos, unos 40 ya habían sido recapturados, informó a la AFP la secretaría de Seguridad de Amazonas.
Entretanto, este lunes hubo un intento de rebelión en el Ipat y un intento de fuga en un centro de detención provisional masculino de Manaos, pero ambos episodios ya fueron controlados, según esa secretaria.
– Hacinamiento y falta de control –
"La disputa entre facciones criminales ocurre en todo Brasil, en todas las unidades penitenciarias", subrayó en rueda de prensa Pedro Florencio, secretario de Administración Penitenciaria del estado de Amazonas.
En octubre pasado, 25 presos murieron en una cárcel de Roraima, limítrofe con Venezuela, por un enfrentamiento entre el PCC y el Comando Vermelho (CV, originario de Rio de Janeiro), las dos mayores facciones del crimen organizado en Brasil.
"Aquí en Amazonas existen dos organizaciones, el PCC y la FDN, y ayer estalló una venganza por parte de esta última" contra miembros del PCC, señaló Florencio.
El ministro de Justicia de Brasil, Alexandre de Moraes, de quien dependen las prisiones, viajó este lunes a Manaos para reunirse con las autoridades locales.
"El problema empieza por la superpoblación carcelaria", consideró Marcos Fuchs, director adjunto de la ONG de Derechos Humanos Conectas, que tiene un área dedicada a vigilar los derechos humanos en las cárceles brasileñas.
En el estado de Amazonas, con una población carcelaria superior a los 8.800 individuos, las cárceles albergan 2,59 presos por cada lugar disponible.
"Cuando colocas en una misma unidad penitenciaria (a reos de) dos facciones rivales, el Estado no tiene control alguno de lo que ocurre allí dentro y quien comanda es el crimen organizado", afirmó Fuchs en entrevista con la AFP.
Abogado especialista en derechos humanos, Fuchs explica que las disputas externas por el control del narcotráfico acaban saldándose dentro de las prisiones, donde los internos se encuentran hacinados.
Brasil tiene la cuarta mayor población penal del mundo, detrás de Estados Unidos, China y Rusia.
De acuerdo con un estudio del Ministerio de Justicia, que detalla que la mayoría de los presos son jóvenes negros, la población carcelaria era de 622.000 personas a fines de 2014 en Brasil.
Para enfrentar la superpoblación de sus establecimientos carcelarios, el gigante sudamericano debería aumentar en 50% el número de plazas en las penitenciarías.