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El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, declarará este lunes al presidente Nicolás Maduro en "abandono del cargo" en víspera de que cumpla su cuarto año de mandato, buscando abrir la puerta a elecciones anticipadas.
Aunque sus decisiones son consideradas nulas por la justicia, la Asamblea Nacional debatirá esta tarde "sobre el ejercicio constitucional del cargo" de presidente "y la necesidad de abrir una solución electoral a la crisis".
En una interpretación particular del "abandono del cargo", la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acusa a Maduro de incumplir deberes y hundir al país en una grave crisis, con escasez de alimentos y medicinas, una inflación que es la más alta del mundo y una criminalidad desbordada.
"Hay que presionar al gobierno para que se den las elecciones", afirmó este lunes el jefe del Legislativo, Julio Borges, quien sostiene que Maduro gobierna fuera de la Constitución porque no garantiza los derechos a la alimentación, la salud y la vida.
Según la ley, si el Parlamento declara "falta absoluta" del gobernante antes de que cumpla su cuarto año de mandato, se convocará a elecciones en 30 días. Después de ese límite, será sustituido por el vicepresidente para completar los dos años restantes del periodo presidencial.
El mandatario socialista rearmó la semana pasada su gobierno y nombró vicepresidente a un "chavista radical" -como se define-, Tareck El Aissami, de 42 años, a quien puso al frente de un "comando" contra supuestos planes "golpistas" de la oposición.
Al encabezar este lunes una reunión con empresarios, bromeó sobre la iniciativa parlamentaria: "No sé si todavía soy presidente (…), voy a aprovechar el tiempo", manifestó.
La MUD aspira a un adelanto de las elecciones generales de 2018, aunque Maduro, a quien la oposición intentó sacar del poder en 2016 con un referendo revocatorio -suspendido por el poder electoral-, se muestra seguro de gobernar hasta el fin de su mandato en enero de 2019.
– Un muro judicial –
Analistas advierten, no obstante, del enorme muro con que se puede estrellar la oposición: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que declaró hace cinco meses en "desacato" al Parlamento y nulas todas sus decisiones, en el clímax de un duro choque de poderes.
La justicia -a la que la MUD acusa de servir al chavismo, igual que al poder electoral- lo declaró en desacato por juramentar a tres diputados cuya elección fue suspendida por supuesto fraude. Aunque en noviembre se separaron de la Asamblea voluntariamente, el TSJ exige que ello sea formalmente votado en plenaria legislativo.
Borges afirmó el domingo que la oposición podría "dar el paso de desvincular" a los diputados "para destrabar el camino", pero eso no está en la agenda de este lunes.
Para el constitucionalista José Ignacio Hernández el hecho de que el TSJ desconozca al Legislativo "bastaría para anular la declaratoria de abandono". Si eso no se soluciona, "ninguna decisión jurídica de la Asamblea permitirá realizar elecciones", advirtió.
"Para ser efectiva (la declaración de "abandono del cargo") debe venir acompañada del nombramiento de un TSJ que no esté al servicio del Ejecutivo. Y habrá que ver si viene con una estrategia de calle que busque escalar la protesta", afirmó a la AFP Diego Moya-Ocampos, analista del IHS Markit Country Risk (Londres).
En diciembre, la Asamblea declaró la "responsabilidad política" del presidente en la crisis, con la idea de abrirle un juicio político. Pero esta figura no está en la Constitución y de todas formas el TSJ anuló esa decisión.
– Peores desafíos –
Aún así, la MUD lo hará. "A pesar de las vagabunderías del TSJ, declararemos abandono de cargo, porque es una realidad evidente", dijo el exjefe parlamentario Henry Ramos Allup, quien agregó que Maduro incurrió en esa falta por "tener a Venezuela en esta desgracia".
Al considerar que la propuesta no prosperará, el constitucionalista Pedro Alfonso Del Pino explicó a AFP que "abandonar el cargo no es ejercer mal" las funciones, sino "dejar de ejercer el poder". Eso aquí no ocurre", apuntó.
El analista político John Magdaleno dijo a la AFP que, aunque cambie estilo y ofensiva, el Legislativo enfrentará en 2017 "los mismos o peores desafíos" que en 2016: "Su actuación estará condicionada por la estrategia del chavismo, que es reducir las competencias de ese Parlamento".
"Ya la estrategia inició", agregó Magdaleno. El pasado viernes, diputados oficialistas pidieron al TSJ declarar ilegal a la nueva directiva parlamentaria, bajo el argumento del desacato.
Analistas estiman que la oposición, dividida en torno a un diálogo que mantiene suspendido con el gobierno, debe concentrarse en las elecciones de gobernadores y alcaldes previstas para este año y en recuperar el apoyo popular perdido tras fracasar el referendo.