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La titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN) Anabella Morfin informó que presentará una denuncia penal en contra de las autoridades del ministerio de Comunicaciones del gobierno anterior por las modificaciones que se hicieron al contrato con la empresa Odebrecht para la construcción de una carretera.
Morfin dijo a la radio Emisoras Unidas que la denuncia será por considerar que hubo anomalías en las modificaciones del contrato que conllevaron a aumentar el presupuesto para la obra. El jefe de la cartera de Comunicaciones en ese entonces era Alejandro Sinibaldi, prófugo de la justicia por el caso La Cooperacha.
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Las autoridades de la PGN manifestaron que rescindir el contrato con Odebrecht haría imposible que el Estado reclame daños y perjuicios.
¿Lentitud en proceso?
“No es fácil demostrar las acusaciones, no es bueno estar señalando y sin pruebas no poder demostrar nada” dijo el ministro de Comunicaciones Aldo García al referirse a la aparente lentitud en resolver el problema con la construcción de una carretera a cargo de la empresa brasileña Odebrecht.
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En entrevista al programa A Primera Hora de Emisoras Unidas aseguró que ““no se debe correr con estos casos, son muy delicados”.
En cuanto a las anomalías encontradas, comentó que se dio una alteración en el contrato por parte de las anteriores autoridades de Comunicaciones, pero no se llevó la consulta al Congreso de la República, donde se tuvo que haber definido el aumento del presupuesto para esa obra, puntualizó.
García dijo que ese contrato se liquidará este año, ya que al igual que proyectos similares, no tienen asignación presupuestaria.
En cuanto a la ejecución de las fianzas, dijo que se hará porque están vigentes, pero estima que pasarán “años de años para demostrarle a una financiadora que hubo un problema”.
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Cuando se le preguntó si consideraba que hubo responsabilidad de los diputados quienes aprobaron el préstamo para la carretera, que al inicio sería de 140 kilómetro, pero se cambió a 100, en el suroccidente, García consideró que la votación tendría que haber sido en contra al notar que una de las exigencias era que el 70 por ciento del material a utilizar tuviera que provenir de Brasil, citó como ejemplo.
El ministro espera que tener el acompañamiento de la Contraloría General de Cuentas de la Nación en el proceso.