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“Se observa ilegitimidad”Con lo planteado por el MP y la CICIG existen dos cosas, la primera se ve con claridad sobre la cooptación del Estado para beneficiar en ese momento al gobierno Patriota y al partido Líder, de los cuales hoy muchos están en el partido de gobierno y por eso la tardanza para conocer los antejuicios. El otro punto es que las organizaciones civiles señalamos el descaro para elegir a la CSJ y la Corte de Apelaciones, como también de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad quienes favorecieron para que tomara posesión la actual CSJ que hoy es ilegitima y no es la idónea.
Señalan de falta gravísima a magistradaDespués de conocer las acusaciones contra la magistrada Stalling, Acción Ciudadana (AC) presentó una denuncia ante la Junta de Disciplina Judicial del OJ, el cual busca su separación inmediata como magistrada de la CSJ. El presidente de AC, Manfredo Marroquín, explicó que la remoción de Stalling debe hacerse porque incurrió en una falta gravísima al intentar influir ante otros jueces en busca de favorecer a su hijo acusado en el caso de corrupción IGSS-Pisa, algo prohibido en la Ley de la Carrera Judicial.
“Se detuvo en reflexiones acerca de la delicada misión de los jueces, que era mejor absolver a un culpable, que condenar a un inocente”, Thelma Aldana, fiscal general
La Fiscalía Especial contra la Impunidad pide a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retirar la inmunidad por posible tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
La magistrada de la CSJ, Blanca Stalling Dávila, y el titular de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, Eddy Orellana Donis, fueron señalados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La denuncia contra Stalling Dávila fue planteada luego de que el vocal del Tribunal Noveno Penal, Carlos Ruano Pineda, indicara haber recibido presiones para favorecer a su hijo, vinculado en el caso IGSS-Pisa, por lo que es acusada de tráfico de influencias.
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La fiscal general del MP, Thelma Aldana, comentó que entre las pruebas contra Stalling está la grabación donde se presume que la magistrada le indica otorgar medida sustitutiva a varios de los implicados.
“En resguardo de su independencia judicial tomó la decisión de grabar la conversación para que no se viera comprometido su trabajo y que no se dijera que había aceptado algo a cambio, donde el hijo de la magistrada aparecía”, mencionó Aldana.
Recibe regalo
Mientras que la solicitud de antejuicio contra Orellana Donis se debe por haber recibido como obsequio un apartamento en el edificio El Torreón en la zona 14, por el abogado Sergio Roberto López Villatoro, para influir en la elección de la CSJ en 2014, informó el jefe de la CICIG, Iván Velásquez.
El comisionado señaló que la empresa Nico, S. A., donde López Villatoro es accionista, giró tres cheques por US$19 mil y uno por US$65 mil para pagar el inmueble donde vivía el magistrado junto con su esposa.
Orellana es sindicado de cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, aceptación ilícita de regalo e incumplimiento de deberes.
