Este martes, la Corte Suprema de Gran Bretaña rechazó la apelación presentada por el gobierno y dictaminó que el Parlamento tiene que dar luz verde al inicio del divorcio con la Unión Europea.
Los jueces de la máxima instancia judicial rechazaron, en cambio, que Escocia, Gales y el Úlster puedan vetar, como pretendían, la ruptura con Bruselas.
Los demandantes que habían llevado el caso a los tribunales saludaron el dictamen como "una victoria para la democracia y el Estado de derecho", dijo uno de sus abogados, David Green. En cambio, el gobierno expresó su "decepción" por el dictamen, que resuelve desfavorablemente el recurso que había interpuesto a una sentencia anterior de la Alta Corte, dijo el fiscal general (abogado del gobierno), Jeremy Wright.
"El gobierno cumplirá con la sentencia de la Corte y hará lo necesario para aplicarla", prometió Wright.
Por su parte, la primera ministra Theresa May prometió activar el artículo 50 del Tratado europeo de Lisboa (puerta de salida del bloque) en marzo como muy tarde, dando pie a dos años de negociaciones para acordar los términos del divorcio.
Ahora, el gobierno tendrá que presentar al Parlamento una ley para regular los siguientes pasos en el proceso.
No se espera que el Parlamento (donde priman los proeuropeos) impida la activación del artículo 50, porque sería visto como una bofetada a la voluntad popular expresada en el referéndum del 23 de junio, pero los problemas podrían surgir más adelante, cuando podría reclamar voz y voto sobre los términos de la separación.