De acuerdo con la Procuraduría General de Brasil, que organiza la cita, han sido invitados delegados de Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela.
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Las reuniones serán a puerta cerrada pues, según dijo a Efe un portavoz de la Procuraduría, existen investigaciones en curso por parte de cada uno de los Ministerios Públicos que asistirán a una cita que consideró como un “inédito caso de cooperación regional”.
En esos catorce países, además del propio Brasil, que fue donde comenzaron a descubrirse esas prácticas ilegales, se investiga la actuación del grupo Odebrecht, sobre todo en la financiación ilegal de campañas electorales, el pago de sobornos para obtener contratos de obras públicas u operaciones financieras irregulares.
Todos esos países han solicitado información a las autoridades brasileñas, que desde hace más de dos años iniciaron la llamada operación “Lava Jato”, que empezó con un simple asunto de blanqueo de dinero en un puesto de gasolina y lavado de coches de Brasilia y destapó el mayor escándalo de corrupción de la historia nacional.
Desde entonces, decenas de políticos y empresarios han terminado en prisión por su participación en esa trama, que aún puede salpicar a muchos otros dirigentes de casi todos los partidos, entre quienes figuran miembros del Gobierno y el propio presidente Michel Temer.
Esas prácticas, sin embargo, no se limitaron a Brasil y fueron más allá de las fronteras, para expandirse de la mano de Odebrecht por buena parte de Latinoamérica y llegar hasta a países de África e incluso de Europa, como es el caso de Portugal.
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Pagos millonarios
La dimensión internacional del escándalo se conoció a fines del año pasado, cuando el Departamento de Justicia de EE. UU. reveló que la constructora había admitido que pagó unos US$788 millones en sobornos en doce países de Latinoamérica y África, incluido Brasil.
Los pagos se refirieron a “más de 100 proyectos” realizados entre 2001 y 2014 y que, en la gran mayoría de los casos, correspondían a obra pública.
Las investigaciones iniciadas a raíz de las informaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos han generado una orden de captura contra el expresidente peruano Alejandro Toledo, declarado prófugo, y salpicado a los actuales mandatarios de Panamá, Juan Carlos Varela, y Colombia, Juan Manuel Santos.
En Guatemala
Según el informe de las autoridades estadounidenses, entre 2013 y 2015, durante el gobierno de Otto Pérez, la constructora brasileña destinó unos US$18 millones en sobornos a funcionarios del Gobierno para obtener contratos de obras públicas con los que obtuvo más de US$30 millones en beneficios.
Con información de EFE
