Tranquilos y satisfechos lucieron los rostros de Samuel “Sammy” Everardo Morales Cabrera y de José Manuel Morales Marroquín, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales. Durante una audiencia les otorgaron su libertad condicional aunque continúan procesados en el caso “Botín en el Registro de la Propiedad”.
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Silvia de León, titular del Juzgado Sexto Penal, les notificó la resolución de la Sala Tercera de Apelaciones que ordenó la libertad con el argumento que “no han obstaculizado el caso”.
La jueza les recordó que cada 15 días deben acudir a la Fiscalía Especial contra la Impunidad. “Desde mañana (hoy) cuando salgan les recuerdo que deben ir. Además, tienen prohibido acercarse al Registro General de la Propiedad”, mencionó De León.
“Sammy” intervino unos instantes y preguntó si podía viajar al interior del país “por mis negocios” y la jueza leyó un apartado de la resolución que firmó el magistrado Jaime González en donde le indicó que “solo puede movilizarse en el departamento de Guatemala, nada más”.
Solamente el conocimiento de la verdad nos hará libres”.“Sammy” Morales Cabrera al salir de la audiencia donde le añadieron el delito de lavado de dinero y recuperó su libertad.
Caución
Los Morales argumentaron que “habían pagado” la caución de Q100 mil que ordenó la sala para salir de la prisión militar Matamoros donde fueron enviados el 18 de enero de 2017 luego de ser procesados por haber presentado facturas de la empresa Plus Espectáculos y Promociones (Moralejas) para simular eventos que jamás se realizaron y generaron el desembolso de Q269 mil 933.
Como la decisión de la sala detalla que “es viable” el lavado de dinero, la jueza añadió el delito a “Sammy” Morales y autorizó a la Fiscalía realizar la investigación que será planteada el 16 de marzo de 2017.
También recuperaron su libertad Alma Barrios y Mario Orellana, exsuegro de Morales Marroquín.
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El caso se deriva a una denuncia del sindicato
• El 1 de septiembre de 2016 fue desbaratada la estructura criminal que lideraba la exdiputada del cancelado Partido Patriota (PP) Anabella de León.
• El sindicado denunció a la Fiscalía que se otorgaban plazas irregulares a personas que jamás llegaban a trabajar y cobraban salarios de hasta Q10 mil mensuales.
• En la investigación notaron los eventos que nunca se realizaron.
