El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas Comerciales Industriales y Financieras (Cacif) José González Campo dijo que la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordenó la suspensión de operaciones de dos hidroeléctricas afecta la certeza jurídica en Guatemala.
El empresario comentó que por los medios de comunicación se han enterado de que pareciera que hay intermediarios que utilizan el nombre de personas o instituciones para ejercer presión.
Tras la suspensión de operaciones, el caso fue llevado a la Corte de Constitucionalidad (CC). González Campo opinó que los magistrados deben tomar decisiones con absoluta libertad e independencia.
González Campo manifestó que la suspensión de operaciones de hidroléctricas, como el caso de Oxec 1 y 1, en Cahabón, Alta Verapaz, ponen en riesgo la certeza jurídica del país para inversionistas nacionales y extranjeros.
A su criterio, es preciso reglamentar las consultas comunitarias previstas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que no exista diferentes interpretaciones. Asimismo, reiteró que la empresa cumplió con todos los requerimientos de ley.