La organización explica que es un momento propicio para anular la pena capital debido a que la máxima instancia judicial del país, la Corte de Constitucionalidad (CC), examina una acción de inconstitucionalidad contra ese castigo.
La CC debe decidir si la imposición de la pena de muerte viola principios consagrados en la Constitución del país, por un recurso presentado el 25 de noviembre pasado.
Foto: Eitan Abramovich / AFP
El pasado 5 de octubre, el Congreso rechazó un proyecto que buscaba reactivar la pena de muerte.
La aplicación de la pena de muerte en Guatemala está suspendida desde el 2000 por un vacío legal surgido cuando el entonces presidente Alfonso Portillo (2000-2004) pidió al Congreso derogar la posibilidad de conceder el indulto presidencial.
Sin embargo, el legislativo no determinó a quién le corresponde el último recurso al que tienen derecho los condenados a muerte.
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La Corte de Constitucionalidad derogó en marzo de 2016 la pena de muerte por el delito de asesinato, pero la mantuvo para casos de parricidio, ejecución extrajudicial, violación calificada, secuestro, tortura, desaparición forzada y magnicidio.
Según Amnistía Internacional no hay datos que demuestren que la ejecución tiene un efecto disuasivo mayor que la pena de cárcel.
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