Julia Barrera, vocera del MP, señaló que en septiembre del año pasado ingresó una denuncia en la Fiscalía Contra la Corrupción, donde se señaló que en el Juzgado Penal estaba cobrando a cambio de favorecer en la resolución para que se permitiera el traslado de carbón.
Asimismo, los fiscales allanaron el Juzgado de Paz de Salamá, cabecera de ese departamento, ya que se presume que dicha estructura está relacionada con otras sentencias.
El ente investigador realiza otros allanamientos en dicho departamento por el delito de extorsiones, donde se han capturado nueve personas, entre ellos un oficial del juzgado penal, vinculados en solicitar las autorizaciones para ese tipo de traslados. También está Román Raymundo, supuesto integrante del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca).
Las personas detenidas son acusadas de tráfico de influencias, falsificación de documentos, asociación ilícita, cohecho activo, simulación de delito, encubrimiento propio y abuso de autoridad.