La situación de los menores institucionalizados en Guatemala fue el tema abordado este lunes en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas. Además, se conversó sobre el incendio ocurrido el pasado 8 de marzo en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en donde fallecieron 41 niñas y adolescentes, ya que hoy se cumplen dos meses desde que se registró la tragedia.
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Los invitados en cabina fueron: Carolina Escobar Sarti, escritora y columnista de prensa; y Corinne Dedik, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
Mientras que por vía telefónica se conversó con Leonel Dubón, director del Refugio de la Niñez; Verónica de León, titular de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio del Ministerio Público (MP); y Otto Marroquín, abogado de Carlos Rodas, extitular de la Secretaría de Bienestar Social (SBS).
Escobar mencionó la importancia de no olvidar los hechos registrados en el centro para menores y resaltó que lo ocurrido debería ser un “parteaguas” para actuar a favor de los menores. Indicó que es necesario realizar reformas al Sistema Integral de Protección a la Niñez y la Adolescencia del país.
También recordó que ella dirige una asociación denominada La Alianza, en la cual indicó estuvieron internadas algunas de las menores víctimas del incendio, antes de ingresar al Hogar Seguro.
Destacó que la institucionalización de los niños y adolescentes debe ser la última medida que se tome, pues significa separarlos de sus entornos familiares.
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Por su parte, Dedick mencionó que es importante que “el caso camine” y que se tenga una respuesta para las víctimas, sus familias y para la sociedad guatemalteca, y coincidió en el hecho de que esto debe ser un parteaguas para poder cambiar el sistema.
En otro tema, Dedik resaltó la importancia de que los monitores de hogares y correccionales sean personas con un perfil adecuado y que pasen ciertos filtros antes de ser reclutados para ocupar tal cargo, pues a su criterio, “ha sido una ocupación subestimada”.
Menor asesinada por pandilleros
Dubón recordó que una menor sobreviviente del incendio murió a manos de pandilleros hace aproximadamente dos semanas en Villa Nueva. Explicó que luego de la tragedia en el Hogar, la madre de la joven insistió en llevársela a su casa, pese a que eran acosadas por grupos delincuenciales.
Con relación a este caso, la escritora Escobar añadió que muchos de los menores ya llegan a los hogares con amenazas en su contra o contra su familia y dijo que en esos casos, además de la participación de las entidades encargadas de la protección de los niños y adolescentes, debe involucrarse el MP.
Sobre señalamientos de algunas personas sobre la responsabilidad de los padres en cuanto a la tragedia registrada, tanto Escobar como Dedik coincidieron en que cada caso debe ser analizado por sí mismo y no se debe juzgar.
En tanto, Dedik calificó este caso como un “hecho lamentable”, y dijo que surge la duda sobre si devolverla a su casa era lo adecuado, “pues por alguna razón estaba en una institución de protección del Estado”.
Avances
Al ser consultada sobre los avances que ha observado en el caso Hogar Seguro, Escobar indicó que “no se puede hacer en 60 días lo que no se ha hecho en décadas”.
Añadió que “hay una deuda de parte del Estado para atender a los niños”.
Mientras tanto, Leonel Dubón consideró que no ha habido avances en estos dos meses y dijo que incluso no se ha logrado hacer “una vuelta completa” de seguimiento con relación a los menores que estaban internados en el referido centro y que fueron reubicados con familiares. A su criterio, “el sistema de protección especial en el país está colapsado”.
“Más de 100 niños y niñas fueron entregados a sus familiares y aún no se tiene el diagnóstico de su entorno”, indicó Dubón.
Para la investigadora del CIEN, en este tiempo las autoridades han trabajado en dos aspectos: estabilizar la situación de infraestructura para albergar en inmuebles distintos a los menores de acuerdo con su perfil; y condicionar la sede del Hogar Seguro para convertirlo en un centro correccional para menores.
De concretarse que esa sede pase a ser una correccional, se habilitarían unos 400 nuevos espacios para reubicar a menores que están privados de libertad, explicó Dedik.
Por su parte, Verónica de León, titular de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, mencionó que a dos meses de la tragedia “el MP ha hecho una investigación exhaustiva y objetiva”.
“Se ha recuperado material, documental, testimonial y pericial y el MP se encuentra analizandolo. Mientras que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) analiza las muestras recabadas en el lugar del incendio”, explicó.
Añadió que de acuerdo con las pesquisas, el fuego duró aproximadamente 11 minutos y se investiga qué ocurrió durante ese tiempo y quiénes serían los responsables por no abrir la puerta de la habitación en donde se encontraban las menores.
También se conversó con Otto Marroquín, abogado Carlos Rodas, quien mencionó que en el ese sector donde ocurrió la tragedia había muchachas con problemas, “incluso algunas transgresoras de la ley”, mencionó.
Según dijo, la tesis comprobada por el MP es que el día antes del incendio las jóvenes tuvieron problemas y el 8 de marzo se organizaron para hacer una protesta e iniciaron el fuego en el lugar.
“Estaban encerradas con candado y ellas prendieron fuego a las colchonetas. No les metieron una bomba incendiaria”, dijo el abogado.
Con relación a ello, Escobar mencionó que las menores no pueden calificarse como “criminales”, sino que se trataba de jóvenes que necesitaban ser protegidas.
