El gobierno de Donald Trump tomó la inusual medida de buscar pruebas de delitos cometidos por inmigrantes haitianos mientras decide si les permite participar en un programa humanitario que protegió a decenas de miles de la deportación tras el potente sismo que destruyó gran parte de su país en 2010.
Las pesquisas sobre el historial delictivo de la comunidad aparecen en correos electrónicos internos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) obtenidos por The Associated Press. Muestran como el recién nombrado director de política de la agencia quiere saber además cuántos de los 50.000 haitianos enrolados en el programa Estatus Protegido Temporal se benefician de ayudas públicas, a las que no pueden optar.
Los mensajes no dejan claro si los delitos cometidos por los haitianos se utilizarán para determinar su permanencia en el país. El programa busca ayudar a los ciudadanos de lugares asolados por la guerra o desastres y, normalmente, la decisión sobre su regreso se basa en si las condiciones en el país de origen mejoraron los suficiente.
"Quiero avisarles (…) la secretaría va a enviarnos una petición para seamos más receptivos”, escribió Kathy Nuebel Kovarik, directora de política y estrategia de la USCIS, el 27 de abril. Sobre la incapacidad de los empleados de la agencia para recopilar la información solicitada sobre los delitos, agregó: “Sé que parte de los datos no están registrados, pero tendremos que encontrar una vía para sacar más datos de nuestro sistema”.
La solicitud de los registros delictivos de toda una comunidad es una medida poco ortodoxa. La ley no aclara si debería tenerse en cuenta para el Estatus Protegido Temporal y el gobierno nunca dijo que utilizaría los datos criminales para decidir si los ciudadanos de un país pueden seguir en el programa. La introducción de nuevos criterios podría causar consternación entre los haitianos que respetan las leyes, que podrían sentirse castigados por el comportamiento de algunos compatriotas.
Pero la petición encaja con la dura postura migratoria del presidente Donald Trump, que responde a una preocupación central de sus partidarios. En sus primeros meses en la Casa Blanca, aumentó los esfuerzos para detener a personas que viven de forma ilegal e Estados Unidos e intentó, sin éxito hasta el momento, suspender la llegada de refugiados y vetar temporalmente el ingreso de personas de siete países de mayoría musulmana. El republicano acusó a quienes están en esta situación de alimentar la delincuencia en el país.
No estuvo claro si la agencia solicitó información similar de otros beneficiarios de la protección temporal, que incluye a inmigrantes de Honduras y El Salvador.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, Kelly no ha tomado una decisión definitiva sobre el Estatus Protegido Temporal para Haití y declinó comentar el proceso.
El Estatus Protegido Temporal pretende ser justamente eso, temporal. El gobierno de Barack Obama incluyó a Haití en el programa poco después del sismo de enero de 2010 que mató a 300.000 personas y arrasó escuelas, hospitales, viviendas y vecindarios enteros. Desde entonces, los haitianos pueden quedarse en Estados Unidos independientemente de cómo ingresaron _ de forma legal o ilegal _ siempre y cuando residieran en el país antes del 12 de enero de 2011.
El programa para los haitianos se ha ampliado en varias ocasiones y expirará el 22 de julio. El gobierno de Trump debe decidir sobre su futuro antes del 23 de mayo para avisar de sus planes con un margen de 60 días.
El director interino del USCIS recomendó dejar que el programa se agote. En un informe del 10 de abril, publicado por USA Today en un primer momento, James McCament explicó que Haití ya no está en crisis a pesar de su pobreza e inestabilidad política. Sin embargo, quiere permitir que los haitianos sigan en el país hasta enero para darles tiempo a solucionar sus asuntos y marcharse voluntariamente. Si no lo hubiesen hecho para entonces, el ejecutivo podría deportarlos.
El departamento de Seguridad Nacional de Kelly es quien tiene la última palabra.
Los correos electrónicos sobre el conteo de los delitos se enviaron entre el 7 de abril y el 1 de mayo.