El presidente venezolano, Nicolás Maduro, recibió este jueves un duro golpe de Estados Unidos, que sancionó a ocho magistrados claves en su batalla con la oposición, volcada desde hace siete semanas en una ofensiva en la calle para sacarlo del poder.
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El Tesoro estadounidense anunció sanciones económicas contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, un controvertido juez cercano a Maduro, y otros siete magistrados a quienes acusa de fallos que "usurparon" la autoridad del Parlamento, de mayoría opositora.
La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, consideró "inadmisibles" las sanciones que ponen en evidencia "la autoría y dirección de EEUU en la desestabilización de Venezuela", según escribió en Twitter.
También este jueves, el presidente estadounidense Donald Trump calificó la crisis de Venezuela como una "vergüenza para la humanidad", situación que -dijo- no se ha visto "en décadas" en la región.
"Uno ve la riqueza de ese país y se pregunta ¿Porqué está ocurriendo esto? Pero es que el país ha sido administrado increíblemente mal", añadió Trump durante una conferencia de prensa junto al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
Sin referirse a Trump o a la decisión del Tesoro, Maduro aseguró que Estados Unidos "salió derrotado" de la reunión en la que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas abordó el miércoles la crisis venezolana.
A cambio, dijo haber recibido apoyo del presidente ruso Vladimir Putin en una conversación telefónica.
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"Nos reprimen inútilmente"
El gobierno impidió salir del país este jueves al líder opositor Henrique Capriles, quien iba a denunciar en Nueva York ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein, la "represión" en las protestas, que dejan 45 muertos desde el 1 de abril, según la Fiscalía.
Tras salir del aeropuerto, Capriles, quien dijo que su pasaporte fue "anulado", se sumó a la marcha de miles de opositores que pretendían llegar al Ministerio del Interior, en el centro de Caracas, pero fueron bloqueados por las fuerzas de seguridad.
Desde tanquetas blindadas, militares y policías lanzaron bombas lacrimógenas contra los manifestantes, algunos de los cuales, encapuchados, con escudos improvisados y máscaras antigases, respondieron con cócteles molotov y piedras.
Aunque la violencia aumenta, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció en rueda de prensa que el sábado hará una gran movilización en todo el país. El viernes realizarán asambleas ciudadanas.
"Nos reprimen inútilmente, la gente va a seguir resistiendo (…) hasta vencer a la dictadura", dijo en la marcha el vicepresidente del Legislativo, Freddy Guevara.
El gobierno y la oposición se responsabilizan mutuamente de la violencia, mientras que la Fiscalía investiga las muertes, por las cuales ha señalado a grupos armados no identificados, y ha imputado a civiles, policías y militares.
"Cada vez que es asesinado un venezolano más, más gente saldrá a luchar", aseguró el diputado Juan Andrés Mejía.
La oposición venezolana responsabiliza al ministro de Interior, Néstor Reverol, un prominente general también sancionado por Estados Unidos por narcotráfico, de liderar una "brutal represión".
El gobierno acusa a la oposición de "terrorismo" y de apelar a la "insurgencia armada" para derrocarlo con la ayuda de Washington.
"Confrontación entre hermanos"
La tensión aumentó luego de que Maduro dispusiera el miércoles enviar 2.600 militares al estado Táchira (frontera oeste con Colombia), donde desde el lunes se registran saqueos y disturbios. Unos 500 efectivos ya habían llegado.
La noche de este jueves se intensificaron los disturbios en la localidad de Tovar, en el estado Mérida (oeste), donde tres militares y decenas de manifestantes resultaron heridos, tres por disparos de bala, afirmó a la AFP el alcalde Mérida, Carlos García.
También hubo disturbios en el oeste y en las afueras de Caracas, y en los estados Táchira y Barinas (oeste).
Las protestas estallaron luego de que el TSJ asumiera temporalmente las funciones del Parlamento.
Pero la convocatoria por parte del gobierno a una Asamblea Constituyente caldeó más los ánimos de la oposición, que acusa a Maduro de buscar con ello evitar elecciones.
"Quiero con la Constituyente reparar a tiempo el inicio de una insurgencia armada", dijo Maduro.
Unas 700 personas han sido detenidas, de ellas 159 siguen presas por orden de tribunales militares, según la ONG Foro Penal, lo que ha sido criticado por grupos de derechos humanos, gobiernos y organismos internacionales.
"Comienza a vislumbrar la tentación de una confrontación entre hermanos. Rechazamos la violencia y la represión desproporcionada", manifestó monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana.
Aunque acusa a la Iglesia católica de actuar como "un partido político opositor", Maduro celebró que sus jerarcas hayan aceptado reunirse con funcionarios del gobierno para abordar el tema de la Constituyente.
