Guatemala debe asumir su responsabilidad por el tráfico de miles de menores con fines de adopción internacional entre 1996 y 2006, reclamaron este lunes víctimas y activistas en una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en la capital costarricense.
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"Quiero que el Estado de Guatemala asuma su responsabilidad, no solo por mi caso, sino que en nombre de todas las víctimas. Quiero que se conozca lo que sucedió, las atrocidades que hicieron", declaró en la audiencia Osmín Tobar, quien fue separado de su familia y otorgado en adopción en Estados Unidos.
Tobar recordó cómo él, de siete años, y su hermano Jefrey, de dos, fueron arrebatados de su madre el 9 de enero de 1997 por dos hombres que llegaron en un vehículo con la promesa de que serían devueltos a su casa. Un año después, una familia estadounidense lo llevó a vivir a Pittsburgh, estado de Pennsylvania, mientras su hermano quedó con otra familia en la misma ciudad.
"Hijo, ¿eres tú?"
Los hermanos Tobar fueron víctimas de una red de trata y venta de menores que operaba en Guatemala y que llevó a 27 mil 871 niños al exterior entre 1996 y 2006, según datos recopilados por la Fundación Myrna Mack.
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En esas redes de tráfico que obtenían menores mediante robo, compra, engaño o amenazas, participaban también, a cambio de beneficios económicos, notarios, médicos, enfermeras, agentes de registro civil, laboratorios de ADN, funcionarios de la fiscalía, jueces y orfanatos, haciendo posible el envío de los niños al exterior, según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a la ONU para ayudar a combatir la corrupción.
Hablando en inglés, Tobar recordó que al crecer, se empeñó en localizar a su familia biológica, hasta que un día encontró en su computadora un mensaje de su padre, Gustavo Tobar, que decía: "hijo, ¿eres tú?".
"No hay palabras para describir la emoción que sentí, la energía que recorrió mi cuerpo. Todos los años de lucha fueron por ese día", contó Tobar, quien en 2015 fue a vivir a Guatemala.
Años de impunidad
Tobar contó que pretende rehacer su vida, aprender español y estudiar derecho para luchar para que se haga justicia para las miles de víctimas del tráfico de niños en su país.
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"En Guatemala no se ha hecho justicia para los que sufrimos con las adopciones ilegales, ahora (con la acción ante la CorteIDH) tenemos la posibilidad de que se sienten responsabilidades, y yo quiero ayudar a que haya justicia", comentó.
Marcia Aguiluz, del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), destacó que "los niños y niñas de Guatemala fueron tratados como mercancía. El proceso ante la CorteIDH es una oportunidad histórica para terminar con la impunidad, con la falta de investigación sobre estos casos y con la incertidumbre que envuelve a quienes fueron separados de sus familias".
Guatemala aprobó en 2007 una ley que puso fin a los procesos de adopción internacional, pero los casos previos a ese año se mantienen en la impunidad, según los activistas.
"Nosotros tuvimos que elevar nuestra denuncia a un órgano internacional y hemos llegado hasta acá para obtener justicia, la que no conseguimos en Guatemala. Los tribunales nunca nos prestaron atención y tuvimos que buscar vías alternas", relató Gustavo Tobar, el padre de Osmín.
Ahogando sollozos, narró el "calvario" que vivió en los órganos públicos de Guatemala para buscar a sus hijos, hasta enterarse de que habían sido dados en adopción en Estados Unidos.
Para fines de la década de los noventa, Guatemala era el cuarto país con mayor proporción de menores dados en adopción internacional y con más irregularidades en los procesos, según CEJIL.
* Con información de la agencia de noticias AFP.