Nueve minutos duró el incendio que el pasado 8 de marzo acabó con la vida de 41 niñas y adolescentes que estaban internadas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Quemaduras e inhalación de monóxido de carbono fueron las causas de esos decesos, según dieron a conocer hoy autoridades del Ministerio Público (MP).
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Los gritos de auxilio no fueron suficientes para que fuese abierta la puerta del aula en donde estaban encerradas las 56 menores, así lo revelaron los testimonios de las sobrevivientes.
De acuerdo con Berónica de León, Fiscal de Sección de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, las declaraciones y los fotogramas revelan que pese a que el humo se observaba desde afuera y que había agentes de PNC en las afueras del aula, a las niñas no se les permitió salir.
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“Gritaban para que las sacaran pero no hicieron caso a este llamado de auxilio”, mencionó De León sobre los datos recopilados en testimonios de las menores.
Ese lugar, en el que pasaron sus últimas horas de vida las menores, tenía en su interior 22 colchonetas de esponja y bandejas de duropor (en las cuales se les había servido el desayuno). Se trataba de “material altamente inflamable y tóxico” que permitió el inicio y extensión de las llamas, explicó la fiscal.
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También el espacio tenía “olores fétidos” porque a las menores no se les permitió salir al baño para hacer sus necesidades fisiológicas y tuvieron que improvisar una letrina en el aula.
De igual forma tenían ropa sucia y no se habían bañado, después de que, en su intento por huir, se mojaron en las aguas de un río de aguas negras que corre en las cercanías del centro.
¿Quién tenía la llave del aula?
De León dio a conocer que la subinspectora de la Policía Nacional Civil (PNC) Lucinda Marroquín Carrillo tenía en su poder la llave del candado con el cual estaba cerrada el aula en donde estaban las menores.
“La trabajadora de la PNC era quien abría y cerraba la puerta y también quien entregó al MP la llave”, añadió.
Los fotogramas muestran que Marroquín, quien fue capturada hoy, al menos en dos ocasiones retiró el candado: una para que se les ingresaran las bandejas con el desayuno y otra para que ingresara una monitora a pasar lista.
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Antes del incendio
De acuerdo con las autoridades, las niñas, niños y adolescentes intentaron fugarse del Hogar Virgen de la Asunción el 7 de marzo, “porque estaban cansados de los malos tratos que sufrían en ese lugar”.
Para lograrlo, dos niñas iniciaron una pelea en el comedor para distraer a las autoridades del centro, mientras otras treparon los muros y alertaron a sus compañeros para que apoyaran la protesta.
En la tarde de ese día, tanto hombres como mujeres adolescentes empezaron a buscar cómo salir del lugar.
Al observar que los menores pretendían irse, personal del Hogar Seguro les abrió la puerta peatonal para dejarlos salir. Además, notificó a la PNC para que les brindara apoyo y controlara la situación.
La fiscal del MP añadió que las fuerzas de seguridad incluso utilizaron gas pimienta contra los internos, incluida una menor en estado de gestación, y además engrilletaron a algunos de ellos.
También, durante el intento de fuga, una menor cayó y sufrió lesiones en la pelvis. Fue trasladada a un centro asistencial y los médicos indicaron que debía permanecer en reposo absoluto, pese a ello fue encerrada con sus otras 55 compañeros en el lugar donde ocurrió el incendio.
El MP informó que algunos funcionarios llegaron al Hogar Seguro "menos de una hora después" desde que se iniciaron los problemas.
Pasaron al menos 10 horas en las afueras del hogar, bajo condiciones inhumanas, dijo De León.
“Fueron reconcentrados por la PNC como que fueran personas en conflicto con la ley penal. Desde las 16:00 horas estuvieron a la intemperie, descalzos, mojados porque en su intento de escapar se fueron por un río de aguas negras”, indicó.
Agregó que todo esto ocurrió a la vista de las autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación, y Secretaría de Bienestar Social, sin que ninguna de estas actuara a favor de los niños.
Incluso algunos delegados “se retiraron del lugar sin dejar ninguna medida de protección para los adolescentes. Ellos estaban afuera y no se había decidido su reingreso”, dijo De León.
Asimismo, la secretaria general del MP, Mayra Véliz, informó que en un acta firmada por el entonces titular de la SBS, Carlos Rodas; el director del centro, Santos Torres; y Brenda Chamam, trabajadora del hogar; estas personas plantearon que se oponían al reingreso de los adolescentes y que no se hacían responsables de estos porque habían abandonado la situación de abrigo y resguardo. De igual forma, delegaron a la PNC el cuidado de los menores.
