Durante una audiencia de revisión, la fiscal Eva Sosa le solicitó a la jueza Miriam Hernández que se aparte de conocer el fraude en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el caso “IGSS-Pisa-Chiquimula”.
El argumento de la fiscal es que la jueza vocal I del Tribunal Undécimo Penal conoció el primer intento del debate el año pasado. Hernández presidió el Tribunal Noveno Penal cuando se pretendía iniciar el juicio.
Luego se suspendió el debate debido a que el juez Carlos Ruano denunció que la entonces magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Blanca Stalling lo había presionado para que le otorgara libertad condicional a su hijo Otto Fernando Molina Stalling, procesado por el fraude en el Seguro Social.
Lo que sigue
El Tribunal Undécimo Penal fijó para el 14 de julio de 2017 darle intervención a los abogados de los procesados y luego decidirán si aceptan la recusación que hizo la Fiscalía en contra de la jueza Hernández. Después, lo remitirán a la Sala Tercera de Apelaciones Penal, quienes decidirán, en última instancia, si confirman a la jueza Hernández o nombran a un suplente.
Cuatro piden cambio de delitos
En la audiencia los sindicados Molina Stalling, Edgar René de la Peña Archila (exgerente de ventas, Droguería Pisa), Max Erwin Quirin Schoder (exintegrante Junta Directiva), y Ramiro Armando Lorenzana Ortíz (exdirector general, Droguería Pisa) solicitaron cambio de delitos. Sus abogados argumentaron los alegatos para convencer a los jueces. Será el próximo mes cuando se decida si es viable el cambio de delitos.